Una reforma que no afronta lo más importante

El anuncio por parte del Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero de que antes de que termine esta legislatura se aprobará una reforma de la ley del aborto que permitirá que sea libre y gratuito durante las 14 primeras semanas de gestación ha vuelto a prender la mecha de un asunto que permanecía estancado desde hacía años y que históricamente ha generado grandes enfrentamientos sociales.

EL DÍA ha querido sentar en su mesa de debate a tres invitados conocedores de la ley actual y de la propuesta en la que trabaja el Gobierno para, desde ópticas muy diferentes, tratar de averiguar si la nueva norma realmente es necesaria en este momento.

Como feminista a ultranza y abogada de prestigio por la defensa que durante su vida laboral ha hecho del derecho de la mujer a ser independiente del hombre, Soledad Arozena considera que la propuesta de la comisión de expertos que propone que la mujer que lo desee pueda interrumpir su embarazo libre y gratuitamente durante las 14 primeras semanas de gestación "viene a dar más y mejores garantías jurídicas y sanitarias a las mujeres, porque hay que recordar que la ley aprobada en 1985 recoge tres supuestos: el primero, por violación, que permite el aborto hasta la semana 12; el segundo, por malformaciones del feto, hasta la 22, y por último, el que alude al grave riesgo físico o psicológico de la mujer y que no señala ningún plazo". Así lo explicó Arozena, quien puso de manifiesto que este último punto "es un coladero por el que ha venido entrando todo lo que se ha querido, y por eso la nueva ley vendrá a evitar los subterfugios que suponen los informes psicológicos y psiquiátricos falsos a los que muchas mujeres han tenido que acudir para poder interrumpir un embarazo no deseado".

Defendiendo una postura completamente diferente, José Manuel Clar, colaborador de este periódico, recordó que "cuando una mujer se queda embarazada debe tener garantizada la posibilidad de tener a su hijo, de abortar o de darlo en adopción y parece que nadie piensa en lo que es lo mejor para el niño".

En su opinión, "como yo entiendo el derecho como la facultad de exigir algo que le corresponde a uno en función de la ley, creo que no hay nada que permita considerar el aborto como un derecho, porque ni la Constitución ni la Declaración Universal de los Derechos del Hombre lo reconocen; es más, el Tribunal Constitucional ha dictado sentencias en las que obliga a que prevalezca el derecho a la vida del feto sobre el de la madre porque se entiende como un bien que debe ser protegido".

Más moderada y conciliadora se mostró la enfermera y licenciada en Filosofía Janet Delgado, quien apuntó que "la ley no reconoce ningún derecho a una persona hasta que hayan pasado 24 horas de su nacimiento. Por lo que no se considera al feto como portador de derechos y obligaciones, aunque sí que está protegido".

"Creo que son las condiciones sociales -continuó la estudiante de un máster de Bioética- las que han llevado a revisar esta ley con el objetivo de favorecer la libertad de la mujer, porque si bien es verdad que algunos opinan que no es lógica la interrupción del embarazo, igualmente ilógico resulta el hecho de que se obligue a una mujer a tener un hijo que no desea".

En esta misma línea argumental, Arozena dijo que "aquí no se trata de obligar a nadie a que aborte, sino de permitir esa opción a la mujer que lo desee, y que lo pueda hacer con las máximas garantías, tanto sanitarias como jurídicas. Entiendo que hay muchas personas que consideran este tipo de actos como un asesinato porque opinan que la vida empieza desde que se une el espermatozoide con el óvulo, y si quieren aplicarse este argumento en su caso están en su derecho de hacerlo, pero deben respetar la libertad de quien no lo considera así y decide ponerle fin a un embarazo no deseado".

Abundando en este tema, la enfermera matizó que "con esta ley no se viene a reconocer el derecho al aborto, sino la libertad y la autonomía de las mujeres".

Igualdad y no Sanidad

"Sí, pero a mí me llama la atención que esta propuesta la esté llevando a cabo el Ministerio de Igualdad y no el de Sanidad", sugirió Clar, quien aseguró no entender por qué se daba esta circunstancia.

"Eso es porque es el ministerio que trata todos los asuntos relacionados con la mujer, y no lo llamamos de la Mujer porque somos desiguales y lo que buscamos es igualarnos con los hombres", apuntó Soledad Arozena.

Sin embargo, y tras un comienzo en el que los asistentes al debate afianzaron su posición ideológica, rápidamente hubo un punto de encuentro, y fue la necesidad de que una mujer no se vea obligada a abortar por las circunstancias económicas, sociales o culturales que le rodean.

"Se deben establecer medidas para evitar que una mujer no tenga que recurrir a una solución tan drástica como esta, porque muchas veces eso le genera traumas para toda la vida. Son necesarias medidas preventivas y que el aborto no se convierta en una medida anticonceptiva", explicó Clar.

"Estoy de acuerdo con eso -apuntó Janet Delgado-, pero no se puede pretender que con la educación sanitaria se eviten los abortos, porque ni siquiera los anticonceptivos más seguros lo son al 100%, y parejas que no quieren tener hijos y que ponen medios para evitarlo se pueden encontrar con que fallan. Entiendo que para esos casos la ley también es positiva".

"Lo importante es que la mujer tenga la libertad de decidir y que para ello cuente con todo tipo de ayudas sociales y de una preparación mental suficiente. Para ello sería bueno que la Iglesia ayudara a la prevención de embarazos promocionando los métodos anticonceptivos; pero estar en contra de éstos y del aborto me parece un disparate y una irresponsabilidad, porque hay una realidad a la que no le están ofreciendo ninguna respuesta".

"Yo no estoy de acuerdo -explica el colaborador de EL DÍA- en que se repartan preservativos a diestro y siniestro por los institutos, ni que se gasten un montón de dinero en campañas costosísimas de dudosa eficacia, porque prefiero que se haga prevención a través de una verdadera educación. A la mayor parte de los adolescentes les dan preservativos y no saben bien ni lo que son ni cómo se usan".

Otra vez contraria se mostró Arozena, que rebatió a Clar diciéndole que "sólo con medidas como esa se logra llegar a los adolescentes que, por el momento, continúan estando desinformados y a los que es necesario concienciar".

"De todas maneras -señala la enfermera- mucha gente piensa que con más asesoramiento habrían menos abortos, pero dudo de que eso sea verdad, porque las mujeres no necesitan eso, sino tener la libertad plena de decidir, y si deciden que quieran abortar, poder hacerlo".

Asunto de Salud Pública

En la mesa de debate también se planteó si la reforma de la ley considera que el aborto entrará en la Seguridad Social o no y si supondría un gasto elevado para la sanidad pública.

"Si la nueva ley llegara a considerar el aborto como un problema de Salud Pública lo tiene que asumir la Seguridad Social", señaló Janet Delgado, quien dijo que, en su opinión, "es un gasto del que la sanidad pública se puede hacer cargo".

José Manuel Clar precisó que todavía no se sabe si la Seguridad Social va a aceptar este gasto y también puso sobre la mesa qué va a pasar ahora con la objeción de conciencia de los médicos.

La enfermera manifestó que la objeción de conciencia "es un derecho de los profesionales sanitarios, que se niegan a realizar las técnicas que vayan en contra de sus principios". En todo caso, recalcó que si el aborto lo asume la sanidad pública, los hospitales se comprometerán a respetar la objeción de conciencia de los médicos que la justifiquen, pero, también pondrá a disposición de las mujeres otros profesionales que estén dispuestos a practicar el aborto.

Soledad Arozena añadió que es deseable que lo asuma la sanidad pública "porque no puede seguir abortando la mujer que tiene dinero (por ir a una clínica privada) y, en cambio, la que es pobre no puede hacerlo". Arozena dijo que algunos médicos tienen una doble moral, porque hacen objeción de conciencia en los hospitales públicos y por las tardes realizan abortos en las clínicas privadas.

Los tres coincidieron en que es preciso asegurar que la mujer elija libremente en el caso de enfrentarse a lo que se denomina un embarazo no deseado.

Texto: EL DÍA Fotos: María Pisaca