La decisión de otorgar a las mayores de 16 años la posibilidad de abortar, dato conocido cuando se hizo público, recientemente, el estudio de la comisión de expertos que ha elaborado lo que servirá para hacer el anteproyecto de la reforma de la ley del aborto, ha sido uno de los puntos que ha causado más reacciones en la sociedad, porque deja abierta la puerta a que una niña de 16 años pueda abortar sin contar con el permiso de sus padres o tutor legal. En este sentido, Janet Delgado apuntó que la Ley 41/2002, de Autonomía del Paciente, establece la mayoría de edad sanitaria en los 16 años, y, siempre y cuando un médico compruebe su madurez, puede someterse a un tratamiento médico sin contar con el permiso de sus padres o tutor legal. En la actualidad existen tres excepciones: el aborto, la reproducción asistida y participar en ensayos clínicos. Este argumento alegró a Soledad Arozena, quien dijo que lo desconocía, y parece ser el fundamento en el que se apoya la comisión de expertos que ha elaborado la reforma de la ley. En cambio, José Manuel Clar hizo hincapié en que el Código Civil, "de mayor rango que la citada ley, dice que los menores de edad dependen de sus padres y necesitan su consentimiento". Señaló que nuestra sociedad no permite a los menores de edad, por ejemplo, comprar tabaco, tomarse una cerveza, abrir una cuenta bancaria o contratar una hipoteca, "por lo que parece una incongruencia que se deje la puerta abierta a que estas mismas personas puedan acudir solas a un hecho tan serio como es el aborto". Clar manifestó que esta opción limita el papel de los padres y, por este motivo, se manifestó en contra de la reforma en este punto. En cambio, las dos mujeres que le acompañaban en la mesa destacaron que si la ley lo permite, está bien.
¿Cuál será el futuro de las clínicas abortistas?
Al hilo de si la sanidad pública se puede hacer cargo de los abortos, los contertulios pusieron sobre la mesa el futuro de las clínicas privadas abortistas. Mientras que Janet Delgado aseguró que seguirán siendo una opción, la opinión de los otros dos miembros de la mesa fue que disminuirá su actividad "porque ahora son un negocio". Soledad Arozena indicó que ya es hora de que el aborto sea libre y gratuito, algo que se asegura si lo asume la Seguridad Social. En su opinión, "esta ley es muy necesaria, porque no se puede seguir soportando que pueda abortar la mujer con dinero (en las clínicas privadas) y, en cambio, no lo pueda hacer la que es pobre". José Manuel Clar manifestó que está demostrado que la mayoría de la gente que opta por las clínicas privadas "lo hace porque la sanidad pública es muy exigente a la hora de realizar los informes psicológicos, mientras que en los centros abortistas lo realizan como si nada". Si embargo, los tres coincidieron en que estos centros abortistas "no se cerrarán", aunque "lo más seguro es que podrán disminuir su actividad e irán a la baja", indicó Arozena, que hizo hincapié en la necesidad de la ley, "sobre todo, para regular bien la situación, porque abortos ha habido siempre, pero en muchos casos en la clandestinidad y sin garantías". Los tres recalcaron que se debe garantizar que la mujer pueda elegir libremente a la hora de enfrentarse a un embarazo y señalaron que la nueva ley debe recoger pautas de apoyo y ayuda para la mujer que desee llevar adelante su embarazo.
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