Una idea plagiada

G. MAESTRE, S/C de Tenerife

Cuando el Gobierno de Canarias anunció su intención de acordar con los hipermercados del Archipiélago la recogida de los alimentos cuya fecha de consumo preferente estuviera próxima para satisfacer las necesidades básicas de las familias en situación de emergencia social, parece que no tuvo en cuenta que ya se lleva funcionando así desde hace varios años y que trabajan en este sentido el Banco de Alimentos, varias ONG, empresas productoras y sobre todo los grandes hipermercados de las Islas, y que la clave fundamental para que la medida resulte eficaz radica en la discreción con la que se lleve a cabo.

Así, las superficies comerciales más importantes de las Islas como son Carrefour y Alcampo llevan colaborando hace tiempo con el Banco de Alimentos, al que entregan todos los productos que se tienen que retirar de la venta pero que están en perfecto estado para su consumo. Se trata de aquellos cuya fecha de consumo preferente está cerca (pero no vencida) o aquellos que tienen alguna tara en su etiquetado o envase que no afecta a las garantías de consumo.

Por ejemplo, Carrefour ha hecho entrega ya de 4 toneladas de alimentos y tiene preparadas ya otras 4 para cuando el Banco las pueda recibir.

También es el caso de Hiperdino y Dinosol que, ante la cercanía de una fecha de vencimiento -que puede ser de hasta un año de antelación-, hacen llegar los lotes al Banco de Alimentos para que los distribuya entre las familias más necesitadas.

Precisamente las grandes cadenas explican que los únicos productos que ahora mismo no se pueden repartir son los refrigerados, "ya que no hay capacidad para garantizar que no se rompa la cadena de frío y que puedan ser convenientemente almacenados por quienes vayan a distribuirlos".

Por su parte, las empresas que producen alimentos en Canarias ya trabajan en este sentido, como por ejemplo el caso de JSP, que si bien apenas tiene excedentes de producción porque la tiene muy ajustada a la demanda, si queda algún lote o hay envases con taras, las entrega a ONG para que las hagan llegar a las familias que los han solicitado, e incluso se ha llegado a dar el caso de alguien a quien conocen bien y que se ha presentado en las instalaciones pidiendo ayuda y se le ha preparado algún pequeño surtido.

Mención aparte merece Cáritas como principal organización implicada en la atención e integración de personas en situación de emergencia social, ya que, si bien han considerado como positiva la voluntad del Gobierno de Canarias de buscar una solución a la situación de necesidad que atraviesan muchas familias, califica la propuesta como "ineficaz y que no soluciona el problema de fondo". Realmente Cáritas y prácticamente todos los detractores de esta propuesta critican que se haya hecho pública sin siquiera haberla estudiado en profundidad.

Cabe resaltar que hasta el momento el Gobierno no ha concretado cómo organizaría esa recogida y distribución de alimentos, ni con qué garantías sanitarias, ni a través de qué gestores, ni cómo garantizaría que llega a personas con dificultades para satisfacer sus necesidades básicas.

En este sentido, el director provincial de Cáritas, Leonardo Ruiz, incidió en la necesidad de evitar la picaresca que se puede dar al entregar alimentos gratuitamente a personas que realmente no los necesitan y que se pueden dedicar a hacer negocios con ellos.

Lo único que se sabe hasta el momento es que para determinar qué familias podrían ser las beneficiarias de estas ayudas puntuales se tienen que poner de acuerdo la Consejería de Bienestar Social, que podría establecer un número a través de la creación de un baremo en función de los ingresos económicos por unidad familiar, y que sería trasladado a la Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias para que sepa el número de beneficarios y, en consecuencia, cuántos alimentos serían necesarios para atenderlos.

En este punto los ayuntamientos, como administraciones más cercanas a los ciudadanos, han manifestado su preocupación por cómo se articularía la solicitud, baremación y entrega de estos bienes de consumo a quienes cumplan con los requisitos establecidos, porque si para ello son necesarios los informes favorables de los trabajadores sociales se sumaría más trabajo a un área de por sí ya saturada por la avalancha de solicitudes de ayudas sociales.

Ni CC lo ve claro

Pero por si fuera poco, dentro del partido del Gobierno, es decir, Coalición Canaria (CC), importantes dirigentes como la diputada nacional Ana Oramas se han mostrado críticos con la formas que ha tenido el Gobierno en esta propuesta. "Un tipo de medida como esta no se puede publicitar como se ha hecho, porque el propio lenguaje en sí produce una sensación muy desagradable", manifestó Oramas.

Lázaro Brito, alcalde del municipio palmero de Barlovento y presidente de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), valoró positivamente la voluntad del Gobierno, si bien le pareció extraño "que no se haya contado con los ayuntamientos antes de informar de un asunto como este".

Hasta el vicepresidente del Ejecutivo canario, José Manuel Soria, se ha tratado de desmarcar diciendo que la idea surgió de los empresarios (algo que ellos mismos han desmentido ya) y que "no pasa de ser una mera reflexión que, en modo alguno, forma parte del plan anticrisis previsto".

Por parte del Partido Socialista, el portavoz parlamentario, Santiago Pérez, aseguró que "no se trata sino de una burda operación de propaganda anunciada a bombo y platillo por un gobierno que ha ido recortando con el paso de los años las políticas sociales y priorizando asuntos como la Policía Canaria".

Echando un capote al Ejecutivo después de que la idea despertara tantas opiniones contrarias, la presidenta de CC, Claudina Morales, dijo ayer que "quien no esté de acuerdo con el reparto de alimentos no competitivos comercialmente, o no es consciente de la situación, o está anclado en la política del no a todo".