¿Es posible una educación adecuada e integral fuera del sistema educativo? El debate se ha avivado durante los últimos años en España, al calor de la pujanza que ha adquirido el "homeschooling", la educación de los hijos en casa. Canarias no es ajena al fenómeno. Algunas familias -no existen datos exactos al respecto- se han decantado por esta alternativa y han encontrado, al igual que en otras comunidades autónomas, el rechazo de la Administración, que, aunque admite la posibilidad de suplir la formación académica, alega problemas de "socialización" para argumentar su postura.

EL DÍA ha hablado con dos madres de Gran Canaria que forman parte de la Asociación para la Libre Educación (ALE), que agrupa a los "homeschoolers" españoles. Esther tiene una hija de quince años que empezó en septiembre a estudiar en casa y un hijo de nueve que lleva tres años haciéndolo. Ambos están matriculados en una academia a distancia y el pequeño recibe una supervisión más directa de su madre.

Esther tomó esta opción cuando su hijo menor, con problemas de hiperactividad, empezó a tener dificultades en el colegio. "Necesitaba aprender de una forma más activa, no sentado en un pupitre. Conocí otra forma de educar y decidí hacer la prueba. Hasta ahora va muy bien, estoy contenta", explica.

Respecto a los supuestos problemas de socialización de los niños que se forman en el hogar, aduce: "Es más un problema de la sociedad que del niño mismo. Mi hijo va a actividades extraescolares y se relaciona perfectamente, pero a veces otros chicos, cuando saben que no va a la escuela, lo tratan con recelo. Sin embargo, cuando juega con otros que no lo saben, todo va perfectamente".

Cuando sacó a su hijo del sistema, el colegio advirtió de que derivaría el caso a los servicios sociales y estos amenazaron con llevarlo a los tribunales, lo que finalmente no ocurrió. La Fiscalía sí intervino en el momento en que su hija mayor abandonó el colegio, pero el caso se archivó.

A Teresa, el argumento de la socialización le produce indignación: "Es un mito. Un niño que se educa con su familia no está encerrado. Puede ir a clases de música o hacer otras actividades. La formación académica la reciben en casa; el resto, fuera".

Además, Teresa pone en duda el modelo social que los niños experimentan en la escuela. "¿Qué tipo de socialización reciben en el colegio? ¿Cuántos casos de acoso se producen?", se pregunta.

Tanto Esther como Teresa coinciden en denunciar las "incoherencias" en las que incurre la Administración, y ambas recurren al mismo ejemplo, el de los niños que viven en el espacio natural de Güi-Güi -un aislado enclave de Gran Canaria-, que, debido a la imposibilidad física de acceder a un centro educativo, reciben educación en sus domicilios. "¿Por qué ellos sí y no unos chicos que viven en el centro de la ciudad y que pueden jugar todos los días con otros niños?", se preguntan.

La "excepción" que constituye España respecto a otros países de su entorno donde el "homeschooling" está admitido -Portugal, Francia, Italia, Reino Unido- es otra contradicción. Así, Teresa detalla que un joven británico que se haya educado en el hogar y que pretenda ingresar en una universidad española sólo tiene que someterse a una prueba en su país y aprobar 7 asignaturas para ha-cerlo sin necesidad de cursar Ba-chillerato o presentarse a la PAU.

El director territorial de Educación en Santa Cruz de Tenerife, José Zenón Ruano, considera que la ley "lo deja claro" al establecer dos tipos de educación: la académica, "que tal vez se podría suplir en casa", y la social, que no se garantiza de esta manera, ya que "los valores se educan en comunidad". Por ello, el Gobierno regional se ha negado a autorizar a las familias que han solicitado la desescolarización.

Los partidarios de esta modalidad educativa se sienten amparados por la Constitución Española, que reconoce la libertad de enseñanza y no hace referencia a la escolarización, un concepto que sí figura en la Ley Orgánica de Educación (LOE). "El valor constitucional de la libertad no se recoge en la ley, pero la Constitución está por encima de cualquier ley", observa Sorina Oprean, presidenta de ALE, quien, además, interpreta la legislación actual como un residuo del Franquismo, pues fue el régimen, en 1970, el que introdujo la escolarización obligatoria después de casi 120 años de "supervivencia" de los principios de la Ley Moyano, así llamada por el ministro que la impulsó en 1857.

Despenalización

Las posiciones de los "homeschoolers" recibieron un espaldarazo con la sentencia del Tribunal Supremo del año 1994 que "despenalizaba" esta práctica y establecía que "no cabe descartar los modelos educativos basados en la enseñanza en el propio domicilio siempre que se satisfaga con ella la necesaria formación de los menores".

"Mira que han pasado años y nada: es como si esta sentencia no existiera, como si fuese papel mojado", se lamenta Anna, también miembro de ALE, que responde a las preguntas de este periódico desde la Península por medio de correo electrónico.

Según la Constitución, los poderes públicos garantizan el derecho de los padres, pero Anna no está muy convencida de que esto sea realmente así. "Aunque sólo una familia en todo el país siga acosada y amenazada por decidir qué educación quiere para sus hijos, este derecho no está garantizado", dice.

"La situación legal es que la Constitución reconoce la libertad de enseñanza y, sin embargo, nuestros funcionarios no lo hacen, por lo menos hasta gastar un montón de tiempo y dinero del contribuyente para constatar que no hay abandono", indica Anna, que informa de que en 2008 se archivaron seis casos -uno en Canarias- y en 2009 ya se han archivado dos -también uno en las Islas-. "No hubo un sólo fallo en contra. Esta es la situación real", sentencia.