El auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por el que se mantiene la suspensión de la descatalogación de los sebadales y, por lo tanto, la paralización de las obras del puerto industrial de Granadilla, está reforzando los posicionamientos de los grupos ecologistas que forman parte de la sociedad tinerfeña. Además, está consiguiendo que los representantes de las principales agrupaciones ecologistas a nivel europeo hagan un frente común en Madrid para pedir al Ministerio de Medio Ambiente la anulación de la declaración de impacto ambiental de la instalación portuaria, como solicitara recientemente el Partido Socialista (PSC) de Tenerife.
Representantes de Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF reclamaron ayer la intervención urgente del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en defensa del ecosistema marino de Canarias e instaron a la ministra Elena Espinosa "a no ignorar por más tiempo las graves irregularidades que se derivan del trámite ambiental del puerto de Granadilla y a anular con carácter inmediato la declaración de impacto ambiental del proyecto, aprobada en febrero de 2003". Además, reclaman a la ministra que se pronuncie sobre su solicitud de protección de los sebadales, "avalada por toda la comunidad científica canaria", según aducen los ecologistas.
Asimismo, los grupos ecologistas piden al Gobierno de Canarias que restaure inmediatamente la protección de los sebadales de la zona y desestime de manera definitiva el proyecto por sus graves consecuencias sobre el ecosistema marino, la Red Natura 2000 y muchas especies amenazadas, y que apuesten por el desarrollo sostenible del Archipiélago.
Este movimiento denuncia la posición de sectores empresariales y políticos canarios, en un frente común, exigiendo el reinicio de las obras del puerto y presionando sobre el TSJC. Un hecho calificado como inaceptable por las organizaciones, tras su decisión de paralizar cautelarmente las obras.
"El tiempo nos da la razón"
Por otro lado, la Plataforma de Defensa del Puerto de Santa Cruz realizó ayer un acto en el que varios de sus representantes expusieron los principales argumentos que, a su juicio, justifican que el proyecto del puerto sea "devastador" e "innecesario".
El portavoz de esta organización y ex presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Anatael Meneses, reiteró la necesidad de anular la declaración de impacto ambiental, ya que está basada en argumentaciones "de juzgado de guardia", a lo que manifestó que "el tiempo nos está dando la razón porque esa declaración de impacto decía que el puerto de Santa Cruz estaría colapsado en 2008, algo que se ha revelado como totalmente falso".
Meneses incidió en que las terminales de contenedores del puerto de la capital están a tan solo un 35% de su capacidad y se preguntó para qué quiere el Gobierno de Canarias una regasificadora si el propio Manuel Cendagorta, director del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), dependiente del Cabildo de Tenerife, ha manifestado recientemente que en 25 años la Isla habrá alcanzado la suficiencia energética.
Tampoco la presencia del polígono industrial de Granadilla se concibe como razón para construir el puerto ya que, advirtió Meneses, "Madrid tiene polígonos industriales grandísimos y el puerto más cercano está a 320 kilómetros".
Además, el secretario de la plataforma, Juan Jesús Bermúdez, se refirió a las "falsas" expectativas de la creación de empleo asociado a la construcción del dique y el contradique de esta infraestructura que, en su opinión, sólo necesitarán "unas pocas decenas de puestos muy especializados". Por último, hizo mención a la nula actividad económica que ha generado el puerto de Arinaga.