Melchior cuestiona la imparcialidad del TSJC al valorar el puerto de Granadilla

PARTE DE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA encabezará la manifestación convocada para el próximo sábado./ m. e.

N. VIZOSO, S/C de Tenerife

La decisión, para algunos sorprendente por inesperada, que adoptó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por la que mantiene la suspensión cautelar de la descatalogación de los sebadales presentes en el entorno del futuro puerto de Granadilla sigue contrariando a aquellas Administraciones que siempre han apoyado esta infraestructura.

En la práctica, el auto del TSJC ha supuesto que la Autoridad Portuaria de Santa Cruz se haya visto obligada a paralizar los trabajos que había iniciado el pasado 13 de febrero por un tiempo indefinido que, en ningún caso, será inferior a 6 meses, plazo de tiempo en el que el TSJC tendrá que dirimir el recurso de súplica que presentará la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.

Por todo ello, el presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, arremetió ayer contra la decisión adoptada por tres magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, con sede en Gran Canaria, argumentando precisamente que son de la provincia de Las Palmas y, por lo tanto, no entienden la imperiosa necesidad que tiene Tenerife de esta infraestructura portuaria.

Melchior, pese a que no quiso entrar a debatir sobre si el auto del TSJC era justo o no (en un intento de evitar meterse más en el charco y de que lo acusaran de inmiscuirse en la consabida independencia del poder judicial), manifestó que "la suspensión de las obras es absolutamente desproporcionada" y que "la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC que radica en Las Palmas de Gran Canaria probablemente no haya tenido en cuenta la importancia que pueda tener para nuestra sociedad esta suspensión cautelar", destacó.

A juicio del máximo mandatario insular, la resolución judicial que suspende la orden emitida por la Consejería de Medio Ambiente mediante la que se había excluido a la población de sebadal presente en la zona del futuro puerto del Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias (algo que había permitido el inicio de los trabajos del puerto industrial) "supone un daño que dudo que los tres magistrados hayan evaluado con toda la intensidad necesaria".

Eso sí, el presidente de la Corporación insular entiende que se pueda producir una suspensión cautelar, "y la defiendo, si la Sala no está segura del proceso que se ha realizado" -dijo-, pero una suspensión cautelar de una semana o dos, tiempo suficiente, a juicio de Ricardo Melchior, que permita recabar la información necesaria para decidir si la suspensión se levanta o, por el contrario, resulta definitiva.

Cabe recordar que la Sala estimó como probado que el informe realizado por la Consejería de Medio Ambiente para analizar la descatalogación de los sebadales no fue emitido por una institución científica o académica, como está legalmente establecido y como denunció el colectivo ecologista, sino por una entidad privada, el Centro de Investigaciones Medioambientales del Atlántico (CIMA) avalado por la Fundación Observatorio Ambiental de Granadilla. El auto concluía que ese único informe "no es suficiente, por su origen y contenido, para entender acreditado que el daño no va a ser irreversible".

La declaración institucional.- El presidente del Cabildo leyó una declaración institucional aprobada en el Consejo de Gobierno del lunes en la que la Institución insular muestra su apoyo al puerto industrial. La declaración aduce al interés público de la infraestructura y recuerda que el Cabildo es el propietario mayoritario del polígono industrial asociado al puerto. Asimismo, reafirma que el porcentaje de seba que podría perderse (el 1,26% del total del Archipiélago) no justifica, por desproporcionada, la paralización de una obra de interés público general y social.

Melchior y sus desencuentros con el TSJC.- El auto más reciente en contra de los intereses del Cabildo insular fue el que emitió el TSJC el 3 de diciembre de 2007 en el que estimaba la solicitud de suspensión cautelar del Plan Territorial Especial de Ordenación de Infraestructuras del Tren del Sur, formulada por la Federación Ecologistas en Acción por haberse aprobado definitivamente el plan, estando pendiente la apertura de un nuevo trámite de información pública. Pese a que Melchior restó importancia al auto, éste originó la anulación de la aprobación definitiva, volviendo el expediente a su fase de aprobación inicial.