UGT teme despidos de docentes a medida que se supriman programas

M. GÓMEZ, S/C de Tenerife

El despido de una maestra de taller de La Palma puede ser el primero de una cadena de rescisiones de contratos a docentes a medida que se supriman programas educativos en las Islas. Así lo cree FETE-UGT, que ayer informó de que el despido ha sido declarado improcedente por la Justicia, aunque la Consejería de Educación, en lugar de readmitirla y ubicarla en otro centro, ha optado por indemnizarla con aproximadamente 40.000 euros "de todos los canarios", apostilló Javier González, representante del sindicato.

La profesora trabajaba para la Consejería desde el año 1994, y desde 2002 contaba con contrato indefinido. Ejercía en el IES José María Pérez Pulido de Los Llanos de Aridane, donde impartía un programa de garantía social. Cuando éste -como todos los que se ofrecían en España- fue suprimido este curso, la Administración decidió despedirla en lugar de buscarle plaza en otro centro, que es el procedimiento habitual en estos casos. Poco después, contrató a otra docente "de su misma categoría y en las mismas condiciones".

"Explicamos a la Dirección General de Personal que no se puede prescindir de los trabajadores indefinidos como si estuvieran en las listas de reserva, pero hicieron caso omiso", relató González, para quien la sentencia judicial es "un varapalo" para la Consejería, ya que, a su juicio, demuestra que "no se ha respetado ninguna norma: ni se ha comunicado el cese ni se han explicado los motivos".

En concreto, el fallo concluye que el despido se produce "sin carta ni comunicación alguna, elemento que por sí determina su improcedencia". Además, recoge que "en este cúmulo de despropósitos, la defensa de la demandada (la Administración educativa) alegó en el acto del juicio que la finalización del contrato se produjo por reducción de horas a impartir, circunstancia que nada tiene que ver con los motivos formales de la contratación y que, en consecuencia, no pueden ser alegados como causa de la extinción de la relación laboral".

La Federación de Enseñanza de UGT critica que "la empresa" -Educación- haya preferido indemnizar a la docente con unos 40.000 euros -resultantes de la suma de la indemnización y los salarios de tramitación desde el cese- antes que reincorporarla de forma inmediata, una alternativa ésta que, según Javier González, "no le hubiera costado nada".

Por ello, UGT exige que la Consejería "dé un paso atrás" y readmita a la trabajadora, con lo que ésta quedaría satisfecha y la Administración daría un ejemplo de "buena gestión del dinero público".

Por su parte, Manuel Rodríguez, secretario general de FETE-UGT en Canarias, lanzó un "aviso a navegantes" y auguró que "desgraciadamente se van a producir más casos como éste". En este sentido, acusó a la Consejería de Educación de efectuar expedientes de regulación de empleo (ERE) "encubiertos", al tiempo que se preguntó si esta práctica forma parte de la reforma del sistema educativo de las Islas que, recordó, se ha trazado como objetivo el presidente del Ejecutivo regional, Paulino Rivero.

Una logopeda

A UGT le consta que en la isla de La Palma se ha producido el despido de una logopeda en similares circunstancias y que también hay "más de diez puestos de maestros de taller ocupados por empresas subcontratadas".

Respecto a que la situación pueda repetirse, Javier González avisó de que habrá que estar a la espera de lo que ocurra en el futuro con los maestros de taller con contrato indefinido. "En Tenerife fueron reubicados tras la desaparición de los programas de garantía social y no sabemos lo que va a pasar cuando se supriman otros programas", señaló, para luego advertir de que si se suceden los despidos "vamos a estar pagando indemnizaciones millonarias durante los próximos años".

A juicio del sindicato, "no se puede decir que en periodo de crisis hay que apretarse el cinturón ni suprimir servicios y reducir la oferta educativa cuando se opta por indemnizar a una trabajadora cuya readmisión hubiera salido gratis. Es un despilfarro de dinero público y no puede tolerarse", sentenció Javier González.