Los imputados dicen que no recuerdan nada de lo sucedido

EL DÍA, La Laguna

Poco se ha podido saber de los interrogatorios llevados a cabo por el juez instructor del "caso Varadero", Juan Carlos González Ramos, así como de la fiscal Inmaculada Violan incorporada al caso a principios de esta semana.

Cabe recordar que al interrogatorio realizado al alcalde de El Rosario, Macario Benítez, el pasado 19 de febrero no asistió la fiscalía porque en ese momento no había fiscal designado -según fuentes próximas al caso-, lo que motivó la reacción de las ejecutivas insulares, tanto de CC como del PP.

En los últimos días han prestado declaración la segunda teniente de alcalde, Ana María Hernández Márquez; el tercer teniente de alcalde, Abel Acosta de Armas; el concejal Evelio Hernández Estévez, y el exconcejal Andrés Manuel Hernández García. Los imputados se han negado a contestar a las preguntas de la acusación popular de IR-Verdes.

Presunto delito

De las declaraciones realizadas por los imputados de un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias, según fuentes consultadas, "poco ha trascendido, debido a que tanto el partido que ejerce la acusación popular IR-Verdes como el letrado Fernández Arcila han declinado divulgarlas por respeto a la actuación del juez que instruye el caso, así como de la fiscalía". No obstante, Escolástico Gil, portavoz del principal grupo de oposición en El Rosario IR-Verdes, a las preguntas de EL DÍA afirmó que todos "los imputados dicen no recordar prácticamente nada del expediente del plan parcial del varadero, y también afirman tener un gran desconocimiento de las leyes y los planes de ordenación, a lo que se añade algo más grave, su ignorancia sobre sus propias responsabilidades en el gobierno local de El Rosario"

Las diligencias previas que se siguen en el juzgado de instrucción número 3 de Santa cruz de Tenerife son por un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias, tras una denuncia de la fiscalía de la Audiencia Provincial y la posterior admisión a trámite de una querella de IR-Verdes, por aprobar en 2004 un plan para urbanizar alrededor de 300.000 mil metros cuadrados en el Varadero, mes de 900 viviendas, a pesar de que vulneraba la ley de la moratoria turística y el Plan Insular de Ordenación del Territorio (Piot), que protegía el lugar por sus valores naturales.

La retirada vía fax del expediente de la Cotmac el 27 de noviembre de 2002 por parte del alcalde de El Rosario, impidiendo que el plan fuera rechazado en la sesión prevista al haber hasta cuatro informes negativos.