Los sindicatos se unen para exigir a la Consejería de Educación que negocie

M.G., S/C de Tenerife

Los sindicatos docentes con representación en la provincia de Santa Cruz de Tenerife dejaron ayer a un lado las diferencias que les separan en algunos aspectos -puestas de manifiesto durante el conflicto de la homologación salarial- para demandar de forma unánime al Gobierno canario que convoque con urgencia la mesa sectorial de educación, el organismo facultado para negociar las condiciones laborales de los trabajadores y que sólo se ha reunido en una ocasión desde que se inició la legislatura, hace casi dos años.

La junta de personal docente se dio cita ayer en el IES Tomás de Iriarte de la capital tinerfeña. En este órgano están integrados los sindicatos ANPE, STEC-IC, CCOO, EA-Canarias, Insucan -que no asistió a la reunión-, FETE-UGT y UCPL. Además, están presentes en él, con voz pero sin voto, el resto de las organizaciones de la provincia.

La propuesta aprobada recoge que la convocatoria de la mesa debe incluir como punto del orden del día "el calendario de negociaciones para lo que queda de curso y para el 2009-2010", y añade que debe estar abierto "a temas de interés que puedan surgir".

La reapertura de la mesa sectorial es uno de los caballos de batalla de los sindicatos de profesores en este legislatura, un periodo en el que, según denuncian, la Consejería se ha limitado a informar a los representantes de los trabajadores o ha planteado asuntos que afectan a sus condiciones de trabajo en foros no facultados para ello, caso de la Mesa por la Calidad de la Educación. De hecho, algunas organizaciones sindicales -caso de STEC-IC y FETE-UGT- han recurrido ya a la vía judicial para obligar a la Administración a retomar la negociación.

Polémica

No fue éste el único acuerdo adoptado por la junta de personal docente de la provincia. Otro de ellos pide la retirada del polémico proyecto de decreto que regula la función directiva de los centros, un documento que, según los sindicatos, concede a los directores competencias sancionadoras y de contratación. Este extremo ya ha sido desmentido por la Consejería.

La junta de personal recuerda a la Administración que este decreto supone una modificación de las condiciones laborales de estos trabajadores, por lo que debe ser también objeto de negociación.

También hubo consenso entre las organizaciones para rechazar que el Ejecutivo "se escude tras la manifiesta crisis económica para continuar con su política de reducción paulatina de la inversión en educación". Ante su temor de que "se acentúe esta política", solicitan que "para el ejercicio 2010 y sucesivos se incrementen las partidas presupuestarias para esta área, pues no existe mejor inversión que la que se realiza en favor de la escuela pública como principal elemento de cohesión que una sociedad necesita para superar los retos del futuro".

Asimismo, los sindicatos instan a negociar un acuerdo sobre medidas que mejoren las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como a "cumplir con la obligación de constituir y convocar a los comités insulares de seguridad y salud de centros educativos".

Una última resolución -la única que hubo de votarse- denuncia el "grave incumplimiento" del acuerdo de junio de 2006 relativo a la mejora de las condiciones de trabajo de los enseñantes y urge a cumplirlo.