La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en Las Palmas mantiene la tutela cautelar y suspende la descatalogación de los sebadales en Granadilla para la construcción de un puerto industrial "sin fianza".

Así reza en la disposición de la sala que "estima la pretensión de tutela cautelar formulada por el procurador José Lorenzo Hernández Peñate, en nombre y representación de la Federación Ben Magec- Ecologistas en Acción y, en consecuencia, mantener la medida cautelar de suspensión de la vigencia de la Orden de 2 de febrero de 2009". El documento señala, asimismo, que la decisión se toma "sin hacer pronunciamiento sobre las costas del incidente" pues no hay "temeridad o mala fe en las partes litigantes".

Esta resolución responde al recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Ong contra la orden del consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, del 2 de febrero de este año que excluía del Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias a la población Cymodocea nodosa en la superficie marina comprendida entre la línea que va desde la ''Punta del Tanque del Vidrio'', y la ''Punta de los Tarajales'', y por la que Ben Magec solicitó la suspensión cautelar mientras no se resolviera el contencioso por los posibles daños al sebadal.

Ocho han sido los fundamentos jurídicos que han llevado a esta decisión tras la comparecencia celebrada el pasado viernes 27 de febrero hasta donde acudieron los letrados de Ben Magec, el Gobierno de Canarias y el del Estado por parte de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en donde ha primado el "riesgo cierto e irreversible" para la planta como principal argumento para mantener la suspensión cautelar.

El primero de estos fundamentos alude a la protección cautelar por los daños derivados de la obra de vertidos y rellenos sobre las sebas en la que los ecologistas recordaron que de no protegerse y finalmente se estimara el recurso contencioso-administrativa, "quedaría en una mera declaración formal pues el daño producido por la obra a la seba y al sebadal sería irreversible".

Además de la "irreversibilidad del daño", la Federación --según el auto-- argumentó que dicha descatalogación es un acto "nulo de pleno derecho" según el Decreto 151/2001, por el que se crea el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias y que reseña que para la descatalogación de una especie protegida como la Cymodocea nodosa se precisa de un informe científico académico que se "suple" por el de una entidad privada cuyo contenido nada tiene que ver con la justificación de la descatalogación por versar sobre ''valoración de la población Cymodocea nodosa afectada por el Puerto de Granadilla en el contexto de Canarias'', además de renunciar y "manipular" al informe del Servicio de Biodiversidad del Gobierno canario.

El auto también recoge que incluso Puertos de Tenerife reconoce la "irreversibilidad" de la destrucción de los sebadales. Así, "la misma Autoridad Portuaria que solicitó en su día la descatalogación acompañó un informe que no niega dicha posibilidad sino que la reconoce como cierta", incluso en los informes de su solicitud. SIN INFORME OFICIAL Y CON 300 ALEGACIONES

El informe del Servicio de Biodiversidad tampoco pasó desapercibido ante los representantes del TSJC que valoraron la falta de argumentos biológicos o de conservación para la descatalogación o el cambio de categoría. "Estas consideraciones no pueden pasar desapercibidas para la Sala pues, a los efectos de considerar la irreversibilidad del perjuicio o el interés que representa la descatalogación, no aparece ni un solo informe interno (dentro del organigrama de la Consejería) a favor de la descatalogación del sebadal afectado", ha considerado el auto.

La sala que escuchó el argumento de "interés público de la obra" y el apoyo de las instituciones puesto de relieve por las partes codemandadas --Puertos y Gobierno canario-- valoró que tales argumentos "no pueden perder de vista , ni desconocer, el interés que subyace en la protección del medio ambiente unido al patrimonio cultural y a la biodiversidad".

Las más de 300 alegaciones presentadas y la ausencia de un informe oficial o de la Comisión de Biodiversidad también han conducido al Tribunal Superior de Justicia ha mantener la suspensión cautelar de la descatalogación, mientras no se concluya la denuncia presentada por Ben Magec en la sala del Contencioso Administrativo.

"No es la protección del habitat lo que se dilucida en el expediente objeto de alegación, sino la protección de la especie.., y dicha protección solo puede ser efectiva en cada lugar de localización", concluye el informe del Servicio de Biodiversidad que lleva a la sala a mantener la suspensión cautelar.