EFE, Madrid
El juez Baltasar Garzón encontró indicios contra uno o más nuevos aforados en la investigación de una presunta trama de corrupción ligada a cargos del PP que dependerían de un tribunal distinto de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia, según se desprende de una providencia notificada ayer con la que inicia los trámites para inhibirse del "caso Gürtel".
En esta resolución, para cuya notificación el magistrado alzó parcialmente el secreto de las actuaciones poco antes de ser ingresado en una clínica de Madrid aquejado de una crisis de ansiedad, Garzón ordena al servicio de reprografía que le haga tres copias de la causa.
Dos serán remitidas a los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de Madrid y Valencia, donde la Fiscalía Anticorrupción ya le ha pedido que se inhiba por haber aforados de estas comunidades autónomas, y la tercera, que podría ir destinada al TSJ de otra Comunidad autónoma o al Tribunal Supremo, de ser el o los nuevos aforados diputados nacionales o senadores.
El magistrado pide estas copias "con carácter urgente para resolver lo oportuno sobre la inhibición" cuando la Fiscalía Anticorrupción responda a dos oficios que el magistrado le ha remitido los días 18 y 19 "en relación con las personas aforadas".
Fuentes fiscales informaron de que, en uno de esos oficios, Garzón pregunta al Ministerio Público si, mientras se resuelve la inhibición, él puede seguir practicando diligencias o debe cesar en las mismas.
El artículo 25 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) establece que "entre tanto no recaiga decisión judicial firme" sobre la inhibición, el juez que la haya acordado "seguirá practicando todas las diligencias necesarias para comprobar el delito, averiguar e identificar a los posibles culpables y proteger a los ofendidos o perjudicados por el mismo".
El pasado jueves, Anticorrupción pidió al juez que deje de investigar el "caso Gürtel" porque, según los indicios que obran en la causa, "la investigación de la totalidad de aquella recaería en el Tribunal Superior de la Comunidad autónoma de Madrid, salvo determinados hechos, perfectamente escindibles, que correspondería investigar al Tribunal Superior de Valencia".
Aunque ni el juez ni la Fiscalía han hecho públicos los nombres de los aforados, fuentes de la investigación informaron de que entre ellos figura el ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid y actual diputado autonómico Alberto López Viejo, al que se atribuye un papel "central" en la trama que justificaría que la causa pasara al TSJ madrileño.
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