Benítez asegura que no atribuyó a la secretaria local el "caso Varadero"

MACARIO BENÍTEZ mantiene que es objeto de persecución política./ el día

EL DÍA, S/C de Tenerife

Macario Benítez, alcalde del municipio de El Rosario, tras comparecer el pasado jueves en el Juzgado de Instrucción número Tres de Santa Cruz de Tenerife para declarar en calidad de imputado por el "caso Varadero", declaró ayer que cuanto ha trascendido en el día después de su declaración ante el juez "forma parte de una estrategia de acoso y derribo contra el gobierno municipal" y, en concreto, contra su persona.

"Dicho acoso y derribo -agregó- viene propiciado por parte de un grupo político cuyas apetencias se han visto truncadas en las últimas elecciones tras haber conseguido mi partido una mayoría absoluta revalidada en siete elecciones consecutivas". El alcalde también negó que nombrara a la secretaria municipal como responsable del "caso Varadero".

Benítez asegura que "en estos últimos años han intentado judicializar la vida política con denuncia tras denuncia con el único objetivo de desprestigiarme, intentando crear un clima de desconfianza que no han conseguido".

El alcalde de El Rosario tiene claro que "todo este tipo de denuncias malintencionadas y que responden a intereses exclusivamente políticos no buscan otra cosa que restar valor a la buena gestión del Ayuntamiento de El Rosario, que ha sido y es referente en Canarias".

El regidor municipal dijo también que, "para enumerar algunos casos en los últimos años, tendríamos que destacar el intento de paralizar uno de los proyectos más importantes del municipio, como es el Plan General de Ordenación (PGO), donde también la oposición me denunció por unos terrenos que eran heredados de mis padres, intentando igualmente confundir a la opinión pública, al hablar de recalificaciones. O el caso de Montaña Cardonero, que incluso me llevó a ser sometido a una investigación judicial, que acabó archivada por la Fiscalía".

Macario Benítez señaló que, además, están "los intentos que tuvieron lugar durante todo el proceso de la aprobación del Plan General de Ordenación, montando en algunos casos concentraciones de personas, entre las cuales había una gran mayoría que no eran del municipio, con la finalidad de presionar tanto a los cargos de la Consejería de Política Territorial como al Cabildo insular con el propósito de que el PGO no se aprobara".

El alcalde añadió que "la opinión pública conoce ya que, en la jornada electoral de los últimos comicios municipales, el cabeza de lista de IR-Verdes en El Rosario me acusó de haberle agredido presentando denuncia ante la Policía y montando un circo en todos los colegios electorales con el único objetivo de arañar unos pocos votos". Asimismo, Benítez recordó que el Juzgado de Instrucción número Tres de Santa Cruz de Tenerife, tras escuchar las declaraciones de los testigos y, especialmente, "las de dicho grupo, decidió archivar la denuncia".

La injusticia de Varadero.- Macario Benítez explicó que "en el tema Varadero he dicho siempre que es una injusticia porque habría que recordar a la opinión pública que la zona de Varadero no es solamente de la autopista al mar, sino que contempla desde la antigua carretera general del Sur hasta la costa. Los propietarios de los terrenos, muchos de ellos familias humildes y que venían pagando religiosamente las contribuciones desde 1991 -fecha en que dicha zona se calificó como apta para urbanizar-, han visto cómo, de un plumazo, sus terrenos se han descalificado por el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT)".

Benítez señaló que el Plan Parcial de Varadero se presentó en 2002 y se aprobó por silencio administrativo en 2004 con informes favorables de todas las instituciones competentes, entre las que se encuentran el Cabildo insular, el ayuntamiento, la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, así como con otros informes externos, y cuando aún el PIOT no se había aprobado. A todo ello, el alcalde aclara que "es el propio PIOT el que abre la puerta para que a aquellos planes que hayan iniciado el proceso de urbanización se les respete la calificación de urbanizable".

Sentencias judiciales.- El alcalde estimó que debe atenderse también a que "ninguna sentencia judicial dictada hasta la fecha ha condenado ni a políticos ni a técnicos del ayuntamiento".

En este sentido, manifestó que "en cuanto a los artículos en los que se habla de las declaraciones realizadas por mí el 19 de febrero, una vez más persigue la confusión, tergiversando las declaraciones hechas por mi persona ante el juez, al tiempo que se intenta confundir a la opinión pública. En este caso, con graves acusaciones como pretender endosar a la secretaria municipal la responsabilidad del caso Varadero. Dichos contenidos están siendo estudiados por los asesores jurídicos del ayuntamiento habida cuenta que pueden ser constitutivos de delito, reservándonos el derecho a tomar las medidas oportunas".

El alcalde concluyó argumentando que "en todo momento hemos acatado las sentencias porque confiamos en la justicia y que en el caso Varadero nos vuelva a dar la razón una vez más".