"La vacante en la Agencia pudo incidir en el recorte presupuestario"

NAIMA PÉREZ, Tenerife

Hace poco más de dos semanas que aterrizó en la Agencia, una Dirección General con pocos medios materiales y personales. Su despacho en la capital tinerfeña está por montar y ha tenido que tomar prestada en estos primeros días a una secretaria de Presidencia del Gobierno. La polémica tiene tocado a este organismo. El antecesor de Bonnet, Faustino García Márquez, dimitió el pasado octubre por su frontal oposición a la Ley de Medidas Urgentes para la ordenación del territorio y del turismo que el Gobierno envió al Parlamento. Es consciente de las limitaciones presupuestarias con las que cuenta y los efectos de un departamento que ha estado paralizado casi tres meses. Pese a todo, confiesa que tiene ilusión.

-¿Es difícil asumir un puesto de estas características con estos antecedentes?

-Como todo. La historia se escribe como se escribe. Las cosas pasan como pasan. El presidente del Gobierno tiene un compromiso claro con el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Así lo manifestó en su discurso de investidura y también está recogido en el pacto de gobernabilidad con el PP. Prueba de ello es que la Agencia se creó primero como una Dirección General y ahora está en el Parlamento su proyecto de ley, que le dará rango de Agencia. Yo estuve hablando con Faustino, como no podía ser de otra manera, para analizar todos los elementos que él vio negativos. Quiero entender que hubo una discrepancia en una ley concreta (de Medidas Urgentes), pero en el resto de los asuntos no tiene mayores diferencias. He entrado con ilusión, porque es un trabajo algo distinto al que venía desempeñando (director insular de Paisaje y Medio Ambiente del Cabildo tinerfeño).

-¿Cómo cree que el Gobierno puede hablar de apoyo a la lucha contra el cambio climático cuando el presupuesto de la Agencia para este 2009 ha mermado un 14 por ciento respecto a 2008, mientras el de la Agencia de Innovación ha crecido en un 110 por ciento?

-Esa decisión fue anterior a mi llegada; yo me encontré con los presupuestos aprobados. Entiendo que, quizá, el que no hubiera un director de la Agencia en los meses en que se negociaron los presupuestos pudo incidir en ese recorte. También es verdad que otros departamentos han sufrido recortes mayores por esta etapa de crisis. Con este dinero (740.000 euros) tenemos que avanzar y vamos a montar una estructura que funcione. Ese es el reto y mi compromiso con el presidente.

-¿En qué ha centrado su labor en estas dos semanas?

-Diría que me he dedicado a cuatro asuntos básicos: primero, a analizar la ley de la Agencia que se está tramitando en el Parlamento para ver si hay detalles que se pueden mejorar; en segundo lugar, a la confección del borrador de estatutos de la Agencia a que obliga la futura ley y que espero estén listos antes de los tres meses que marca la norma legal; en tercer lugar, he estado trabajando en la incorporación de alegaciones a la Estrategia Canaria de Lucha contra el Cambio Climático (elaborada por el anterior equipo), que se había sometido a un importante proceso de información pública, con la idea de que el Gobierno pueda aprobarla como decreto; y en cuarto y último lugar, todas las medidas de seguimiento, indicadores y demás acerca de si las políticas que está practicando la Administración pública en Canarias están yendo por el camino adecuado en la lucha contra el cambio climático y en el desarrollo sostenible, en términos generales.

-Con la futura ley se dará más autonomía e independencia a la Agencia, pero sus informes no serán vinculantes para el Gobierno. ¿Qué veracidad se puede dar a la lucha contra el cambio climático de esta forma?

-No pueden ni deben ser vinculantes, porque entonces estaríamos sustituyendo al Gobierno. Éste utilizará toda la información y pondrá sobre la mesa todos los aspectos de carácter administrativo, social, de empleo... en relación al cambio climático para tomar una decisión o un camino para seguir. Es potestad del Gobierno hacer caso o no a los informes de la Agencia. Lo que debemos hacer nosotros es dar la mejor información para que pueda tomar la mejor decisión posible en cada momento. Lo que no puede ser es que órganos creados por el Gobierno sustituyan las decisiones del propio Gobierno.

-Los objetivos y funciones que la ley asignará a la Agencia son bastante ambiciosos. ¿Cómo se pueden llevar a cabo con sólo tres funcionarios?

-Bueno, eso es ahora, la Agencia aún no está creada.

-Pero lo estará en breve y tres son las personas cuyos salarios están presupuestados este año...

-Tiempo al tiempo. Se están haciendo contrataciones externas de muchos informes. Por ejemplo, en el plan de adaptación de la Estrategia Canaria de Lucha contra el Cambio Climático se ha encargado una serie de informaciones sobre cómo el cambio climático afecta a la costa o a la biodiversidad marina, entre otros tantos. También es verdad que no sólo son tres personas, porque muchos trabajos no serían posibles sin el apoyo administrativo de la Presidencia, tanto aquí como en Las Palmas. Hay mucho funcionario que trabaja a tiempo parcial para la Agencia.

-¿Cuál sería el aspecto más urgente que debe acometer Canarias en su lucha contra el cambio climático?

-Yo diría que hay un campo importantísimo que es el del uso racional de la energía, sobre todo en su uso difuso (vehículos, viviendas, electrodomésticos...), para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Si somos capaces de concienciarnos en este aspecto, en tanto se apruebe el Plan de Uso Racional de la Energía (PURE), que elabora la Consejería de Industria en el marco del Plan Energético de Canarias, nuestra contribución puede ser importantísima. Las medidas contenidas en la Estrategia son provisionales mientras no se apruebe el PURE. Este es, por tanto, uno de los puntos clave, por ejemplo, en el turismo. Estoy convencido de que si este sector en las Islas se pone las pilas en la aplicación de sistemas más ecológicos, como ya hacen determinados hoteles, aparte del ahorro en costes que tendrá el empresario, también permitirá vender una imagen más sostenible de Canarias. El transporte aéreo y su contaminación son inevitables para las Islas, pero ahorramos emisiones en el consumo diario y garantizamos un destino más ecológico. Si conseguimos eso, parte del impacto que vamos a tener después de que la UE haya decidido incluir el transporte aéreo en los cómputos de la cuota de gases efecto invernadero podemos contrarrestarlo con el uso racional de la energía. Porque, de resto, en Canarias no hay grandes industrias que provoquen grandes emisiones.