Insucan exige un plan de actuación "integral" para profesores agredidos

M. GÓMEZ, S/C de Tenerife

"El profesorado tiene miedo". Ernesto Perera, uno de los coordinadores del sindicato Insucan (Interinos y Sustitutos de Canarias), repitió ayer varias veces estas palabras para explicar los motivos que han llevado a la organización a tomar la iniciativa y reclamar a la Consejería de Educación que evite el "desamparo" en el que se encuentran los docentes víctimas de agresiones por parte de padres o alumnos.

Insucan entregó ayer a la Administración educativa una propuesta sobre las medidas que deben adoptarse cuando se produzca uno de estos casos y que se centran en tres aspectos: defensa jurídica, información y recuperación integral de las víctimas, articulados por un "apoyo incondicional" de la dirección del centro y la inspección.

El sindicato lleva esperando desde el pasado mes de noviembre una respuesta de la Consejería en este aspecto, pero, como "no se ha avanzado nada", ha optado por presentar este borrador, con el que confía en que, una vez asumido y desarrollado por el Gobierno, el profesorado "se vea dignificado y se sienta arropado".

El protocolo de actuación que propone Insucan contiene instrucciones para los propios docentes, la dirección del centro en el que preste servicios y la Dirección Territorial de la Administración educativa.

En el caso de los enseñantes, establece que, si se produce una agresión, debe acudir a un servicio médico público y solicitar un parte de lesiones al facultativo. A continuación, recomienda tener presente los testigos y hechos objetivos que permitan probar la existencia de la agresión y la identidad de los agresores, poner el suceso en conocimiento del director del centro, presentar denuncia y trasladar ésta a la dirección.

En cuanto a los equipos directivos, deberán comunicar "inmediatamente" el incidente a la Dirección Territorial y al inspector, acompañar al docente al centro sanitario y realizar un informe de lo ocurrido antes de 24 horas. Si la víctima no ha presentado denuncia, lo hará en su nombre y, finalmente, abrirá expediente y suspenderá la asistencia a clase del agresor, si se tratase de un alumno.

Interesarse por la víctima

El protocolo diseñado por Insucan determina que la Dirección Territorial de Educación ha de poner inmediatamente a disposición del profesor sus servicios de asesoramiento jurídico. A continuación, el director territorial, o la persona en la que delegue -que puede ser el inspector-, se personará en el centro para interesarse por la situación de la víctima, le suministrará asistencia letrada durante todo el proceso -a través de un convenio con el Colegio de Abogados- y se hará responsable del expediente.

Además, se pondrá en contacto con las fuerzas del orden público para reforzar la vigilancia en el entorno del agredido -el centro o su domicilio- y, si fuera necesario, solicitará en los juzgados una orden de alejamiento.

En la actualidad, detalló Ernesto Perera, la Consejería de Educación sólo ha dictado instrucciones, mediante una circular, para cubrir la responsabilidad civil y patrimonial. "Necesitamos el apoyo del patrón -dijo, en referencia a la Administración educativa-, porque hay profesorado, sobre todo en Secundaria, con miedo a los alumnos y con bajas laborales".

Insucan defiende actualmente a cuatro profesores víctimas de agresiones. Tres de los casos se tramitan por la vía penal. Entre ellos se encuentra el de la docente agredida por una alumna en un instituto de Teror, en Gran Canaria, que, según la organización sindical, constituye un ejemplo de cómo, en algunos casos, la dirección de los centros "se preocupa más de qué ha hecho el profesor para incitar esa situación".