El 60,75% de los jueces titulares y un 4,3% de los sustitutos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se sumaron ayer a la histórica convocatoria de huelga convocada por la judicatura en toda España para exigir al Gobierno central y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) medidas estructurales ante la falta de medios y las deficiencias en el modelo actual. En cuanto al seguimiento general del Archipiélago, el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) cifró en un 51,21 por ciento el número de jueces que formaron parte de este parón.

El titular del juzgado de lo social número 3 de Santa Cruz y portavoz del comité de huelga, Jorge Riestra, hizo público los datos de seguimiento, explicando que de los 79 jueces titulares con los que cuenta la provincia tinerfeña, 47 de han secundado el parón, mientras que sólo uno de los 23 magistrados sustitutos se ha sumado a la convocatoria. En cuanto la provincia de Las Palmas, el 65,71% de los jueces y magistrados titulares secundaron la huelga, tal y como confirmó la portavoz del comité de huelga y magistrada de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Elena Corral.

De los 105 jueces titulares de la provincia que están en activo, siguen la huelga 69 jueces y magistrados, apuntó Corral durante un paro de quince minutos en el que se procedió a la lectura de un manifiesto en el patio de la Audiencia Provincial en Las Palmas de Gran Canaria que recoge las reivindicaciones del colectivo.

Hay que decir que de los 3.400 jueces y magistrados en activo en toda España, 2.300 secundaron la huelga. Además, y según informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), el número de suspensiones entre diligencias, vistas y señalamientos es de 89.

A las puertas del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, tanto jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales, abogados y procuradores, protagonizaron un acto de protesta para reclamar mejoras al Ministerio de Justicia.

En la capital tinerfeña, y según ha podido saber este periódico a través de fuentes judiciales, han venido mostrando su descontento por algunas deficiencias históricas. En concreto, los jueces y magistrados exigen un nuevo diseño de la Justicia, es decir, más cercanía, agilidad y cambios estructurales, como por ejemplo una oficina judicial rápida. Exigen al Gobierno de España que lidere "una nueva idea de Justicia". No obstante, desde el Palacio de Justicia han reclamado al consejero de Presidencia y Justicia, José Miguel Ruano, que cumpla igualmente con sus previsiones, pues también tiene competencias en este sentido. Mantienen que hay muchas plantillas de funcionarios interinos que no se dotan de los refuerzos necesarios, "y cuando hay bajas se tarda un mes en cubrirlas", explicó ayer a este periódico un destacado profesional de la Justicia.

Los profesionales judiciales pertenecientes al Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife echan de menos la carencia de edificios para desempeñar la labor, y en concreto señalan los municipios de Santa Cruz, La Laguna y La Orotava. Denuncian que en la capital tinerfeña tendrían que estar construidos ya los nuevos juzgados, "pues los órganos judiciales están dispersos", al igual que ocurre en La Laguna. Las mismas fuentes judiciales recuerdan que una sala dependiente de la Audiencia de lo Penal debía haber entrado en funcionamiento el pasado mes de diciembre, pero, sin embargo, se ha retrasado para finales del mes de mayo.

En cuanto a los datos generales de todo el territorio español, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifró en un 35,47% (1.621 jueces) este seguimiento, mientras que las asociaciones convocantes, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, lo elevan al 70% (2.192 jueces del total de 4.570). Antes de conocer estas cifras, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, auguró que el seguimiento sería "minoritario" debido al "altísimo grado de responsabilidad de los jueces".

El titular de Justicia informó ayer, por otro lado, de que su departamento estudia llevar al Consejo de Ministros un proyecto para regular el modo de expresar las reivindicaciones de los jueces con el objetivo de que sea aprobado en el Parlamento y "desde la convicción de que la huelga no les está permitida a los poderes del Estado", dijo Bermejo.