Múgica propone un reglamento común para todos los centros

EFE, Madrid

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, reclamó ayer en el Parlamento un gran debate nacional y la colaboración del Gobierno y las comunidades autónomas para disponer de un reglamento de aplicación común en todos los centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social.

Igualmente, sugirió que se solicite la autorización judicial cuando el internamiento de un menor sea por razón de trastorno psíquico, y aconsejó que también se requiera por ingreso en centros que apliquen medidas que supongan alguna limitación de los derechos de los menores.

Múgica presentó en la Comisión Mixta Congreso-Senado un informe elaborado entre 2007 y 2008 sobre 27 de los 58 centros de este tipo existentes en España, en el que se denuncian casos de maltrato.

Se imponen como castigo, prosiguió el Defensor del Pueblo, determinadas medidas de contención o aislamiento, y a veces se efectúan registros personales obligándolos a desnudarse completamente sin justificación. Asimismo, denunció que algunos especialistas justifican el internamiento en salas de aislamiento sin ventilación, a veces por tiempo indeterminado, porque se trata de que "el niño toque fondo, de doblegar del todo su resistencia".

Múgica propuso que se valore la conveniencia de establecer un marco jurídico general sobre la atención a estos menores, que contenga los supuestos, requisitos y condiciones para aplicar medidas de contención de carácter no sancionador.

Además, reclamó que el régimen de infracciones y sanciones sea tipificado en el reglamento, y no se contemplen, directa o indirectamente, los castigos corporales, el maltrato psíquico, la privación de la alimentación o del descanso, la privación del derecho a sus relaciones personales, la privación del derecho a la educación obligatoria ni de asistencia al centro escolar.