Al final, revisar

AUNQUE resulte difícil de entender hoy, en 1969 la Ley de Costas promulgada ese año primaba la ganancia de terrenos al mar, la desecación de las marismas y la concesión en propiedad del litoral público. Los políticos de entonces fueron los responsables directos del sinfín de adefesios que surgieron por todo el litoral español y de los que, actualmente, todavía siguen en pie para ejemplo de lo que nunca se debió haber hecho. Aquellos desmanes obligaron a tomar una serie de actuaciones para detener el evidente deterioro del paisaje que llegó a la culminación del disparate generalizado a comienzos de la década de los ochenta. Se hizo necesaria, entonces, la redacción de la Ley de 1988, que nació con el objetivo de frenar los excesos cometidos en el pasado por unos irresponsables y señalar las normas a seguir en el futuro inmediato. Ya hemos escrito aquí mismo que Canarias ha sido la Comunidad más castigada por una serie de especuladores que sólo perseguían conseguir dinero fácil (los especuladores suelen perseguir el dinero fácil). Fue, sobre todo, en la década de los sesenta cuando se produjo en nuestro Archipiélago el crecimiento desmedido que iba a chocar, frontalmente, con el equilibrio natural del ecosistema, dando lugar al nacimiento de un mundo de dudas sobre si las cosas se habían hecho bien y a otro de sensaciones de culpabilidades. Este último, reducido a pocas conciencias.

La misma sensación turbia, pero con un calado más profundo por las repercusiones nacionales e internacionales del problema Cho Vito, tuvimos al conocer que el Ministerio de Medio Ambiente tiene previsto modificar la dichosa Ley de Costas hasta llevarla a una mayor flexibilización... porque hay casos y casos. Casualidades que suceden continuamente, pero desde estas líneas siempre hemos solicitado eso mismo, pero utilizando otro término: laxismo. El Gobierno de Canarias, ahora, quiere mojarse ante los ciudadanos y, a través de la Consejería correspondiente, solicitará las competencias que siempre se han diseñado desde cualquier despacho de la metrópoli y cuyo responsable de turno ha sido un mentecato ignorante de las realidades de Canarias. Hechos y hechos a través de la historia no han dejado de repetirse en perjuicio de estas tierras, a pesar de que algunos, muy pocos, hemos transmitido nuestras inútiles protestas inmediatamente acalladas por el virrey de turno, aconsejado por arribistas y conversos que aún pululan por las calles del Archipiélago con total impunidad. Son las ventajas de una democracia que ellos han sabido aprovechar.

Es inadmisible que Gobierno, cabildos y ayuntamientos hayan permanecido al margen de resoluciones injustas procedentes de la Dirección General de Costas, aunque, todo hay que decirlo, desde algunas instituciones insulares y Colegios de Arquitectos, amén de otros colectivos, se han realizado públicas e inequívocas opiniones sobre la visión burocratizada que de las Islas se tiene en Madrid y del destino de los poblados establecidos en el litoral mucho antes de la ley de 1988 y que nada han molestado a nadie. Al contrario, estos atractivos rincones se han convertido en puntos de encuentro y hasta en viviendas de ciudadanos atraídos por los encantos del lugar y que, en muchos de los casos, han constituido una solución para formar casa propia ante la inaccesibilidad a los precios desorbitados del mercado de las inmobiliarias.

El asalto, por tierra, mar y aire (no es ninguna exageración), al poblado de Cho Vito fue visto a nivel mundial por espectadores que, como nosotros, asistían, estupefactos, a unas maniobras apropiadas para una película sobre terroristas. Se trataba, sin embargo, de unos indefensos vecinos acorralados por la inusitada reacción, ordenada desde lo alto, de las Fuerzas del Orden (?) que, incomprensiblemente y con la complicidad y pasividad de las autoridades locales (siempre arrodilladas a lo que diga Madrid), arrasaron con casi todo lo que encontraron a su paso, incluidas las personas. Apenas han pasado unos pocos meses de ese vergonzoso suceso, cuando aparece en el horizonte la posibilidad de cambiar la ley... ante la indefensión y alarma social en la que se encuentran miles de familias canarias por ese desconocimiento que ha desembocado en intransigencia y falta de diálogo entre nuestra Comunidad y el Gobierno central.

El Gobierno canario elabora un censo con aquellas edificaciones que tengan valor, ya sea etnográfico, arquitectónico o pintoresco, y que se encuentren ubicadas en el dominio marítimo-terrestre. Todos están a la espera de la aprobación definitiva de la Ley de Costas, aunque sería aconsejable no plasmar nada de forma concluyente... conociendo las tremendas imparcialidades que se han cometido al amparo del texto de 1988. Parece ser que entre algunos políticos queda todavía esa virtud que consiste en la revisión de leyes que han podido perjudicar, como así ha sucedido, a parte del común.