FETE-UGT llevará a los tribunales la homologación de los profesores

M. GÓMEZ, S/C de Tenerife

La judicialización del conflicto por la homologación salarial del profesorado no universitario de las Islas parece ya definitiva. La Federación de Enseñanza de UGT (FETE-UGT) ve inevitable acudir a los tribunales para buscar una salida a las reivindicaciones del colectivo docente, tal y como ya ha hecho Comisiones Obreras, cuya demanda será examinada por los tribunales en enero del próximo año.

Por el momento, FETE-UGT -por medio de su secretario general en Canarias, Manuel Rodríguez- sólo ha planteado un recurso ante la Consejería de Educación en el que reclama la actualización "inmediata" de los complementos retributivos de destino y específicos que perciben los enseñantes y su equiparación con los que cobran los funcionarios autonómicos de su misma categoría, así como el abono de las cantidades que han dejado de recibir como consecuencia de la "vulneración" de la ley de homologación de 1991.

Dado que, hasta ahora, la Administración educativa ha rechazado negociar esta cuestión, lo previsible es que la respuesta a este recurso sea negativa -si es que la hay-, por lo que UGT presentará una demanda ante los tribunales.

El recurso fue interpuesto en la Consejería el pasado 15 de enero, por lo que la contestación deberá emitirse antes de mediados del mes de abril. Además de esta reclamación genérica, el sindicato aconseja a los profesores que las planteen a título individual.

No es ésta la única iniciativa de FETE-UGT que tiene visos de terminar ante las instancias judiciales. La organización sindical ha presentado una auténtica batería de solicitudes ante la Administración que, de no ser respondidas, correrán la misma suerte.

Sin negociación

Se trata, en concreto, de la necesidad de convocar la mesa sectorial de Educación para negociar los asuntos relacionados con las condiciones laborales del profesorado, que, en estos momentos, según UGT, se abordan en otros foros sin capacidad negociadora, como la mesa por la calidad de la educación, o en juntas de personal donde los sindicatos sólo son informados. En el escrito presentado ante la Consejería el 20 de enero, Manuel Rodríguez recuerda que este órgano sólo se ha reunido una vez en lo que va de legislatura, el pasado mes de junio.

Un tercer recurso, formalizado el 3 de febrero, pide que se cumpla el acuerdo sobre mejoras en las condiciones laborales del personal docente suscrito en junio de 2006 por el Gobierno canario y las organizaciones sindicales. Entre otros aspectos, el acuerdo preveía una serie de reducciones de horarios para el profesorado de más de 55 años de edad que no ha sido aplicado.

La delegación a los directores de los centros educativos de competencias relativas a la supervisión y control del transporte escolar es el objeto del cuarto recurso interpuesto por FETE-UGT, también el 2 de febrero. En él se solicita que se proceda a "la revisión de la encomienda de las funciones de revisión periódica de la tarjeta de transporte, el seguro de circulación y la tarjeta de inspección técnica de cada uno de los vehículos que realizan el servicio".

El mismo día, el sindicato presentó un último escrito con el que pretende obtener de la Administración un "compromiso de aplicación y cumplimiento inmediato" de la ley de prevención de riesgos laborales en los colegios e institutos del Archipiélago mediante el nombramiento de delegados de prevención.

"Ordeno y mando"

La decisión de acudir a los tribunales de Justicia ha sido adoptada por FETE-UGT después de certificar la "reiterada negativa a negociar" por parte del Gobierno regional, explica Rodríguez. "No nos ha quedado otro recurso, y no será porque no lo hayamos intentado, pero la voluntad de diálogo de esta Consejería es nula. Sólo practica el ordeno y mando", asegura el dirigente sindical.

Por lo que respecta a la homologación, UGT comprende que la difícil situación económica hace imposible el abono inmediato de las cantidades que se adeudan al profesorado, por lo que únicamente pretende el reconocimiento de esa deuda y que se fijen unos plazos para satisfacerla.