El PP expedienta a los militantes imputados en la trama de corrupción

LA SECRETARIA GENERAL DEL PP, Dolores de Cospedal, antes de ofrecer ayer una rueda de prensa./ efe

COLPISA, Madrid

El Partido Popular dio ayer el primer paso para exigir responsabilidades políticas a los dirigentes que aparezcan relacionados con la trama de empresas montada por Francisco Correa. La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, es la encargada de dirigir una investigación interna que afecta, por el momento, a los militantes imputados en la causa que instruye el juez Baltasar Garzón.

Formalmente, es en la comisión de Derechos y Garantías, que preside Alfonso Fernández Mañueco, donde se iniciaron los trámites para la suspensión de militancia de los implicados, previo expediente informativo que acordó poner en marcha ayer el comité de dirección. Los ex alcaldes de Boadilla del Monte y Majadahonda, Arturo González Panero y Guillermo Ortega, fueron expedientados y siguen ahora el procedimiento de alegaciones y audiencia antes de que la comisión tome la decisión, si encuentra motivos para ello, de acordar su suspensión de militancia a la espera de que la causa judicial confirme o anule la imputación de Garzón.

El ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, que tuvo que dejar su cargo en el Gobierno de Aguirre, no está siendo investigado por su partido. Según Cospedal, el PP "tomará medidas cuando hablemos de personas imputadas y no por informaciones periodísticas". El PP aplica el código ético que estableció Aznar en 1993 y que Rajoy dejó en desuso, según el cual el partido aparta temporalmente de la organización a los militantes incursos en un procedimiento judicial sin que medie sentencia.

Éste fue el acuerdo que adoptó el comité de dirección ayer, en aplicación del anuncio formulado por Rajoy el 9 de febrero cuando aseguró que el PP será "implacable" y aplicará la "expulsión inmediata" de los militantes que estuvieran relacionados con actuaciones irregulares o ilegales. Sin embargo, en aquella fecha, Rajoy no tenía constancia de las implicaciones legales de los ex alcaldes de Majadahonda y Boadilla del Monte que fueron imputados por Garzón el 10 de febrero. Una semana después, el partido toma medidas contra ellos.

Otros dirigentes del PP son partidarios de que De Cospedal averigüe las posibles conexiones de otros militantes con la trama de Correa aunque aún no hayan sido acusados por el juez. Al mismo tiempo, estas fuentes aseguran que la cúpula del partido está preocupada por el uso que, a su juicio, se está haciendo de la causa judicial para obtener rédito electoral en plena campaña autonómica en Galicia y el País Vasco.

"No vamos a permitir que se utilicen las siglas del PP ni por aquellos que se quieren aprovechar de nuestro nombre para conseguir beneficios económicos o de cualquier otro tipo, ni por aquellos que quieren ensuciarlo para tratar de alterar un resultado electoral".

De Cospedal insistió en que la trama de Correa no es un sistema de financiación ilegal de su partido y recordó que el único partido condenado por este delito fue el PSOE en el "caso Filesa". Destacó que la causa contra Correa se refiere a "una red que trata de aprovecharse del nombre del PP", y recordó a Garzón que si conoce cargos del PP que pueden estar implicados en la causa, "tiene la obligación legal de inhibirse en el procedimiento".