G. MAESTRE, S/C de Tenerife
Licenciados en medicina sin formación práctica en peritaje forense están ejerciendo en los juzgados de la provincia tinerfeña, en donde deben realizar desde reconocimientos de lesiones hasta autopsias por casos de homicidios.
"Están entrando a trabajar chicos que no han hecho una autopsia en su vida y, sin embargo, según llegan se les manda a hacer de todo. Muchos no tienen ni idea de lo que hacen porque no tienen conocimientos. Les falta formación práctica y de repente se encuentran solos atendiendo juzgados tan complejos como el de Arona", explican fuentes del Instituto de Medicinal Legal.
La Viceconsejería de Justicia del Gobierno de Canarias conoce la situación, pero afirma que se hace necesaria para afrontar la escasez de profesionales de esta rama, y que se está planteando una nueva reorganización del servicio para garantizar la fiabilidad de estas pruebas y de los informes forenses, que, según fuentes del partido judicial de Arona, "están quedando en entredicho con demasiada frecuencia".
Y es que en el 90% de los casos, el informe forense resulta clave para determinar la culpabilidad o inocencia del procesado e incluso para determinar el delito, porque se presupone una profesionalidad, unos medios y una independencia lejos de toda duda. "Un abogado avispado que conozca la actual situación podrá tratar de beneficiarse de esta duda en la praxis profesional a favor de su cliente impugnando; no obstante, la ley prevé que quien lo desee puede presentar otro informe forense", explican los expertos.
"Si no ha pasado nada grave, es por pura casualidad", así se expresan los trabajadores del juzgado de Arona, que aseguran vivir una situación caótica como consecuencia de la falta de personal forense y de la escasa formación especializada de los que llegan.
"En el último año y medio, en la provincia tinerfeña se han ido de su plaza más de una decena de forenses, incluso uno de ellos estuvo en su puesto sólo un día porque han visto la situación caótica que hay y que no están preparados para realizar una profesión con tanta responsabilidad y que exige plena disponibilidad, y por eso se le han enviado constantes comunicaciones a la Dirección General de Justicia para que intervenga, potencie y cuide el Instituto de Medicina Legal y su funcionamiento, que es caótico", explica el portavoz de UGT en Justicia, Gregorio Pérez.
Cabe recordar que el partido judicial de Arona, que es el que mayoritariamente está sufriendo esta situación, está a la cabeza en número de delitos de sangre, agresiones sexuales, violencia de género y trámites relacionados con la llegada de cayucos.
Hace escasos días el juez decano de Arona, Nelson Díaz, llamaba la atención recordando que "Arona es el partido judicial más complicado de toda España", y manifestaba su preocupación por la carencia de médicos forenses y la escasa formación práctica de los que llegan, aludiendo a que "en enero hemos estado más de una semana con tres. Al año hay varios homicidios y asesinatos, numerosas violaciones o gran cantidad de lesionados. Los cuatro forenses actuales hacen un trabajo digno, pero debemos aspirar a que los profesionales tengan una mínima formación, algo que lamentablemente no está ocurriendo, a pesar de que dicho organismo tiene el deber de hacerlo".
En este sentido, este partido judicial ha elevado varias quejas al Tribunal Superior de Justicia de Canarias que, hasta ahora, se han resuelto con el compromiso expreso por parte de la Dirección General de Justicia de que se acabaría con esta situación, sin que hasta la fecha se haya producido ningún cambio significativo.
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