¿Y de mi libertad de expresión, qué?

NO DEJA de resultar curioso que ahora que los jueces y magistrados amenazan, con toda razón, con una huelga para reivindicar el ejercicio digno de su profesión, al periódico EL DÍA se le intente negar su derecho a la libertad de expresión como empresa de servicio público que es, mientras cinco magistrados y un fiscal han dicho lo que han querido y como han querido de esta Casa en un medio de comunicación de la isla de enfrente. Es decir, con publicidad.

Y es que hace escasos días, más concretamente el 27 de enero de 2009, el Consejo General del Poder Judicial comunicó al editor y director de EL DÍA su propuesta de archivar la queja interpuesta por don José Rodríguez contra varios jueces y un fiscal por las opiniones que vertieron desprestigiando y atacando la línea editorial. Pareciera que el corporativismo del que siempre se habla de los médicos se trasladara ahora a los jueces, y resulta que un magistrado no es capaz de condenar a otro.

Este periódico -como saben de sobra los tinerfeños- está siendo fieramente atacado por la prensa y los políticos de Las Palmas y ha replicado estos embistes conforme a las normas de la profesión y de la propia deontología, pero llegó un momento en el que las agresiones fueron tan insoportables y vergonzosas que se tuvo que pedir amparo a la Justicia.

El colmo de la locura mediática canariona llegó cuando quienes no respetan el ejercicio de una profesión tan digna como es el periodismo, entraron en un terreno muy respetable como es el de la Justicia, y cinco jueces y un fiscal se atrevieron a opinar públicamente sobre los editoriales de esta Casa, animados por los que no aceptan, ni aceptarán jamás, nuestro liderazgo.

Estos movimientos desafortunados -que dan fiel reflejo de estos "personajes" de la comunicación y de la política que se llaman canarios y que no lo son- surgió después de pasar por el terreno no tan respetable de cierto sector de la "cultura de Tenerife" que atacó de forma infame a la persona del director de este periódico.

De estas personas no se han querido dar nombres para evitar la aparición pública de sus vergüenzas cerebrales y el estigma que eso les causaría a ellos mismos y a sus familias.

Los medios de comunicación canariones, ansiosos por derrotar a EL DÍA por su incontestable éxito -demostrado por el Estudio General de Medios, que lo coloca desde hace años como el más relevante periódico de la prensa canaria por su difusión-, no han visto otra manera de ocultar su propia incompetencia y bajeza que exponer la opinión de estos jueces y fiscales, donde dicen que ven indicios de delito en los editoriales.

Sin embargo, han quedado con sus vergüenzas al descubierto desde el pasado día 8 de octubre cuando la Fiscalía de la Comunidad Autónoma puso en entredicho la reprobación llevada a cabo por la Mesa del Parlamento y la palabra de aquellos que vienen acusando a este periódico de que sus editoriales podrían ser constitutivos de delito al considerarlos xenófobos.

"Más allá de lo inadecuada o erróneoa que pueda parecer una determinada declaración, no por ello reviste carácter de delito, ya que no se hace propuesta alguna de actuación directa, intimidatoria o violenta contra una determinada comunidad por razón, en este caso, de su etnia", argumentó en su día la Fiscalía, añadiendo que "la jurisprudencia concede una especial primacía al derecho de la libertad de expresión, pensamiento u opinión en relación con asuntos o personas de indudable trascendencia pública".

Abochornados, así deben sentirse desde ese 8 de octubre los que se atrevieron a opinar con ligereza y sin conocimiento de un asunto que no conocían sino superficialmente y malmetidos por los políticos y la prensa de aquella Isla.

Recordemos a nuestros fieles lectores que el fiscal superior de Canarias se permitió decir con suma desfachatez que "los editoriales eran un auténtico disparate. Me parecen afirmaciones injustas y que podrían ser objeto de infracción penal".

Más allá fue el juez decano de La Palmas, Miguel Losada, que aseguró que "sin ningún género de dudas son expresiones xenófobas y racistas e indignas de quien las pronuncia". Indignante sí es que un juez, sin vestir la toga y sin estar en sala de audiencia, se pronuncie en un asunto como este, porque eso es injuriar públicamente a un medio de comunicación que ejerce como servicio público y que se acoge a la libertad de expresión que garantiza la Constitución. Cabrían hasta querellas criminales por este asunto, pero no lo haremos, aunque sí un Contencioso Administrativo que ya está en trámite.

Continuando con los despropósitos que esta Casa ha tenido que soportar, el magistrado, también de Las Palmas, Miguel Ángel Parramón valoró que las frases publicadas "pueden ser objeto de delito porque tienen un contenido claramente antijurídico", al que se unió la magistrada Victoria Rosell manifestando que la línea editorial "las expresiones me parecen lamentables y sería bueno plantearlas en sede judicial", y el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas, Tomás Martín, aludiendo a que "hay frases en esos editoriales que nos recuerdan hechos históricos que queremos olvidar", y es que la verdad, más que nunca, duele.

Por último, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, cuya sede hay que recordar que está en la isla de enfrente, Javier Varona, se extrañó de que a fecha 26 de septiembre del año pasado aún no existiera una causa abierta penal contra esta empresa. Habría que recordarle a este señor que EL DÍA, a diferencia de otros medios que ahora no vamos a perder el tiempo en nombrar, siempre ha llevado con gran orgullo y responsabilidad su obligación de informar al pueblo de lo que le rodea, y éste se lo ha pagado convirtiéndolo en el periódico de referencia en el Archipiélago, no como otros que pretenden llegar a la cima a costa de desprestigiar y vilipendiar a quien dice la verdad aún a sabiendas de que le puede traer problemas.

Pero volviendo a la ofensiva que sufrimos desde hace meses, no deja de ser curioso que el Parlamento nos repruebe, y, sin embargo, la Fiscalía, que es quien califica, no vea delito. Lógicamente El DÍA, entre otras medidas contra determinados periodistas y directores de medios de Las Palmas, presentó las correspondientes querellas penales, civiles y hasta una mercantil.

La primera fue un querella criminal contra la Mesa del Parlamento que está en curso.

La segunda, un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional, y la tercera fue una queja en el Consejo General del Poder Judicial que abrió expediente a esos jueces y que ha sido resuelta notificándose su propuesta de archivo el 29 de enero de este año.

Es en este punto donde saltan las alarmas, porque, lejos de desandar el peligroso camino en el que se metieron con sus acusaciones que ponen en cuestión el derecho a la libertad de expresión de un medio de comunicación, todos y cada uno de los que atacaron a EL DÍA se ratificaron en sus palabras ante el CGPJ, y eso que la Ley Orgánica del Poder Judicial limita la libertad de expresión de los jueces "debido a la posible existencia de un conflicto entre un derecho fundamental que le pueda corresponder al togado, y otra serie de intereses de relevancia social".

Sin embargo, la queja finalmente se ha archivado aludiendo a que "los jueces, como ciudadanos que son, gozan del derecho de expresar libremente sus ideas y sus opiniones, sin perjuicio de esos deberes de discreción y reserva que deben observar cuando éstos guarden relación con los asuntos sometidos a su jurisdicción, debiendo, así prevalecer el derecho fundamental proclamado en la Constitución".

Confiamos en la Justicia y lo seguiremos haciendo, pero le pedimos que sea imparcial, y eso que nos caben algunas dudas de que pueda serlo cuando ya se ha manifestado públicamente contra este periódico alegando el derecho a la libertad de expresión y, sin embargo, nos ataca cuando ejercemos la nuestra.

Esta situación propiciada por el Consejo General del Poder Judicial la acatamos, porque seguimos confiando en que la justicia es justa, pero recurriremos porque ellos mismos así nos lo aconsejan, pero, aunque tenemos la oportunidad de hacerlo a través de una querella criminal, vamos a dejar al margen esta opción para hacerlo a través de un Contencioso Administrativo en la Sala 3 de Tribunal Supremo.

Insistimos en que la acatamos, pero no queremos ver corporativismo sino imparcialidad, porque todo lo que está sucediendo nos vale para preguntarnos: "¿Y la libertad de expresión de José Rodríguez y del periódico EL DÍA, qué? Porque si estos jueces se han permitido opinar públicamente y con la máxima publicidad que les ha dado un medio de comunicación y han sido exonerados y disculpados porque prevalece su derecho a expresarse, ¿por qué a nosotros se nos niega? y ¿porqué se nos ha reprobado en el Parlamento?.

Y es que el acoso y derribo que se ha orquestado contra este periódico es un caso único en el mundo, porque no hay ningún otro Parlamento que haya conculcado la Constitución en contra de fines oscuros y siniestros.

Reiteramos que es un caso único en el mundo, salvo para aquellos que viven en el despotismo, el fascismo y el comunismo que reprueban la libertad de expresión de los medios de comunicación y así impiden que los lectores estén debidamente informados del entorno en el que viven y del entorno político tan sucio, depravado y rapiñador que padece el pueblo tinerfeño y el pueblo canario, que es capaz de acusar y lapidar a los inocentes, e incluso a algunos crucificarlos igual que al Redentor, intentando hacer creer que es por el bien de las Islas.

Ya lo advertimos a nuestros lectores después de que la Mesa del Parlamento de Canarias hiciera suya una infame declaración en contra de esta Casa: los políticos canariones vienen a por nosotros y no han encontrado otra manera que echarnos encima a la Justicia; pero he aquí que nosotros la invocamos más que nadie y le pedimos que nos juzgue y nos condene si somos culpables, pero igualmente exigimos que los jueces ejerzan con la máxima responsabilidad y con la mayor dignidad su oficio, y no apabullados y empujados por aquellos que sólo quieren destruir al periódico EL DÍA y hacer el mayor daño posible a su editor y director..

No obstante, El DÍA desde hace tiempo, y más concretamente desde la llegada de Juan Fernando López Aguilar, ha venido sufriendo y soportando una terrible embestida de la prensa y los políticos de la isla de enfrente -cuyos habitantes son conocidos en el ámbito insular como canariones- y aquí hay que destacar que hablamos de los políticos y dirigentes de esa Isla, y no de sus habitantes, porque ya hemos dicho a esas mentes mal pensadas que buscan en nuestras palabras el mínimo resquicio para atacarnos y poner a los canariones en nuestra contra, que aquí no lo encontrarán.

Sabemos que estos ataques obedecen a que se creen impunes e inmunes porque, como la sede del Tribunal Superior de Justicia de Canarias está en Las Palmas, piensan que los jueces están a disposición de esos medios y de los políticos, pero eso no es así, y es por ello que hemos dicho tantas veces, y seguiremos diciendo hasta el final, que confiamos en la justicia, incluso aunque podamos ser víctimas de ella.