Otra vez Garzón

INICIARSE la campaña electoral en Galicia y el País Vasco y aumentar el ruido mediático y el cruce de graves acusaciones entre los partidos, ha sido todo uno. Quizás como nunca antes en nuestra democracia, se ha puesto de manifiesto hasta qué punto algunos se han venido guardando posibles escándalos políticos a la espera del momento electoral oportuno. No me refiero al atentado de la ETA contra una empresa comprometida con la construcción del tren de alta velocidad en la llamada "Y" vasca, pues este tipo de apariciones de los terroristas en vísperas electorales es ya un clásico (felizmente esta vez sin víctimas), sino a algo cuya apariencia es políticamente más grave.

La mina municipal

El titular del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha irrumpido justo en la etapa preelectoral con la apertura de un sumario a propósito de presuntas irregularidades cometidas en varios municipios de las comunidades autónomas de Madrid y Valencia, ambas feudo del Partido Popular. El asunto, en sí mismo, no es nuevo en absoluto: se trataría del favoritismo hacia una empresa organizadora de actos públicos, eso que ahora llaman "eventos", por parte de ayuntamientos y quizás también consejerías de esas comunidades, con posible lucro económico de cargos públicos municipales o regionales.

El sumario, declarado secreto, ha sido filtrado al diario El País. El juez ha anunciado una investigación para identificar al culpable, pero nadie alberga la menor esperanza de que Garzón mueva un dedo ni obtenga el menor resultado, lo que indica la vehemente sospecha de que ha sido él el autor de la filtración, o cuando menos que la conocía y la consintió; una sospecha que únicamente podrá desvanecerse con la identificación y consiguiente castigo del responsable. Pero ya digo que nadie da la menor muestra de esperar algo así.

Entre los materiales filtrados hay escuchas telefónicas que vienen de hace bastante tiempo, lo que refuerza la hipótesis de que Garzón ha administrado el tiempo en función del daño que al Partido Popular pueda infligirle la salida a la luz del escándalo.

No se sabe si porque Garzón andaba sobrado de confianza o porque su relación con el ministro de Justicia es más habitual de lo que cualquiera pudiera suponer, el caso es que el último fin de semana fue invitado a una cacería en la finca jienense de un amigo suyo, y le pidió que invitase también al ministro Fernández Bermejo. Y alguien dio el chivatazo al grupo Intereconomía, cuyos medios (Radio Intereconomía, lanacion.es, Época e Intereconomía TV) hicieron el ruido consiguiente, al que se sumaron otros medios escritos de difusión nacional y todas las emisoras de radio del país.

La dirección del PP ha querido personarse en el sumario como acusación particular, a fin de poder estar legitimado para recusar a Garzón por enemistad manifiesta. Éste no ha necesitado ni veinticuatro horas para denegar esta solicitud, y el PP ya ha anunciado que recurrirá. La bronca está servida y habrá de crecer.

Éste ha sido el último acto, hasta ahora, del drama, que viene de atrás, con los enfrentamientos internos entre dirigentes del Partido Popular tan relevantes como Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre. Una historia bastante rocambolesca de espionajes recíprocos que ya veremos en qué se acaba sustanciando, pero que ya ha hecho un considerable daño al partido aun en el caso de que finalmente todo hubiera sido un puro buñuelo de viento.

La crisis

El estruendo mediático de estos episodios, y los que hayan de añadirse -porque todo indica que las cosas no se van a quedar ahí- ha relegado a segundo plano la crisis económica, que no por desaparecer de los grandes titulares ha dejado de existir, ni mucho menos. Los datos del crecimiento del paro son estremecedores, y la velocidad en la caída del empleo es ya la mayor de los países de la Unión Europea.

El Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha dicho públicamente que urge hacer reformas estructurales profundas en el mercado laboral encaminadas a favorecer el estímulo de los empresarios para contratar, lo que lleva aparejado el aumento de las facilidades para "descontratar". La reacción del Gobierno, especialmente del presidente y el ministro de Trabajo, ha sido fulminante: no se va a reducir la protección legal de los trabajadores.

Es de temer que con el empleo pueda ocurrir algo parecido a lo que la experiencia demuestra en otros sectores de la actividad económica: que una protección excesiva acaba yendo contra los intereses de los presuntamente protegidos. Así ocurrió con la legislación sobre arrendamientos, tan protectora de los inquilinos frente a los propietarios, que acabó destruyendo el mercado de alquileres, pues estos últimos renunciaron a poner casas y pisos en alquiler, y las víctimas, paradójicamente, fueron precisamente los que buscaban una vivienda.

Pero Rodríguez Zapatero y su Gobierno parecen actuar con criterios exclusivamente electorales y piensan que siempre podrá desplazarse la responsabilidad del aumento del desempleo a cualquier otro lugar que no sea el propio Gobierno y su regulación del mercado laboral. Ésta ha sido hasta ahora, al menos, la táctica favorita del presidente, que está convirtiendo en realidad lo que hasta ahora sólo eran chistes, como el de aquella dama que lamentaba su mala suerte en el matrimonio, porque su marido, decía, le había salido cornudo. Cualquier cosa antes que asumir la responsabilidad propia del cargo.