Casi 1.100 reclusos reciben formación académica en las cárceles de las Islas

M. GÓMEZ, S/C de Tenerife

La realidad de la educación en Canarias va mucho más allá de las imágenes que asociamos con ella. Colegios e institutos no son los únicos espacios en los que se imparte enseñanza. Así, 1.094 personas reciben formación de distinto tipo en las cuatro cárceles que existen en las Islas. De esta labor docente se ocupan, durante este curso, 22 profesores que, a juicio del director general de Formación Profesional y Educación de Adultos del Gobierno regional, Manuel Jorge, constituyen un colectivo "muy implicado" y que, al igual que otros enseñantes, desarrollan en muchas ocasiones una labor "humana".

Estas enseñanzas se ofrecen a través de los centros de educación de personas adultas (CEPA) e incluyen la formación básica -desde los niveles iniciales hasta la obtención del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO)-, el Bachillerato, la preparación para las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años e idiomas, principalmente inglés y español para extranjeros, una materia cada año más demandada.

El centro penitenciario Tenerife II, dependiente del CEPA de Santa Cruz, es el que congrega a un mayor volumen de alumnado, 578, seguido por la prisión de Salto del Negro, en Las Palmas de Gran Canaria, que está adscrito al CEPA del Cono Sur y cuenta con 378 estudiantes. A continuación se sitúa la prisión de Tahíche, en Lanzarote, con 75 alumnos que dependen del CEPA de Titerroygatra, mientras que la de Santa Cruz de La Palma, dependiente del CEPA de Guayafanta, tiene durante este curso 63 estudiantes.

La impartición de enseñanza en las cárceles se articula a través del convenio suscrito en 1990 entre la Consejería de Educación y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Este acuerdo se dirige a conseguir la reeducación y reinserción social de los reclusos y está actualmente en vías de renegociación.

La intención de la Administración educativa de la Comunidad autónoma es aprovechar la revisión del convenio para actualizar algunos de sus contenidos. La idea es, avanza Jorge, "introducir un componente tecnológico importante". En la actualidad, el régimen de internamiento de los presos impide el uso de internet, pero, según Educación, "sería interesante poder trabajar con una especie de intranet" para facilitar el aprendizaje de las tecnologías de la información y la comunicación por parte de los internos. También podría incluirse en el nuevo acuerdo la posibilidad de que los reclusos se examinen de las pruebas teóricas para obtener el carné de conducir.

El director general alaba la implicación de los docentes y también de los directores de los centros penitenciarios. Respecto a los primeros, destaca su "compromiso". Se trata, explica, de profesionales que, en su mayoría, "se sienten realizados y con ganas de ayudar", pese a que, por las características de estos recintos y las condiciones del internamiento, no disfrutan de la flexibilidad -traducida en realización de actividades- que les gustaría o que sí se da en otro tipo de enseñanzas. Según Jorge: "rara vez se quieren marchar". Los hay que llevan veinte años ejerciendo esta labor.