EFE, Madrid
Los representantes de los grupos parlamentarios que intervinieron ayer ante la comisión de Justicia coincidieron en que la huelga anunciada para el próximo miércoles por algunas asociaciones de jueces no es legal y perjudica los intereses de los ciudadanos. Así lo expusieron varios portavoces parlamentarios en la Comisión, ante la que compareció el titular de Justicia, Fernández Bermejo.
El portavoz del PNV, Emilio Olabarria, se refirió a la huelga y reiteró su oposición, lamentando que nadie se atreviera a arremeter contra esta convocatoria hasta que el CGPJ no dio por convocado el paro y, por tanto, no fijó servicios mínimos.
Mientras, el portavoz de ERC, Joan Ridao, consideró que cuando chocan dos derechos fundamentales (el de la huelga y la prestación de un servicio público), el primero ha de ceder ante el segundo para garantizar una Justicia efectiva a los ciudadanos; además, expresó su preocupación por que el Ministerio "venga azuzando la situación, lejos de templar gaitas".
La huelga, según Ridao, puede hacer que la Justicia pierda más credibilidad, y recomendó al ministro que ante el "ruido" y el "desafío" de los jueces actúe con "mucha humildad" y siga negociando.
Por otra parte, el ministro se reunirá el día 17 con la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Jueces para la Democracia (JpD), las dos asociaciones que no han convocado la huelga del 18-F, para analizar los acuerdos alcanzados hasta ahora.
Así lo anunció el ministro durante su comparecencia ayer ante la comisión de Justicia para informar de la postura del Ejecutivo ante la anunciada huelga.
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