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EFE, Washington
Los líderes demócratas y republicanos del Congreso de Estados Unidos anunciaron ayer un acuerdo sobre el plan de estímulo económico que pide el presidente Barack Obama, que asciende a 789.000 millones de dólares y que podría votarse hoy.
Tras una ronda de intensas negociaciones, los líderes de ambas cámaras del Congreso estadounidense lograron "cerrar las diferencias" y alcanzar un acuerdo que "es fiel" a las metas de crear millones de empleos, dijo ayer en rueda de prensa el líder de la mayoría demócrata del Senado, Harry Reid.
La versión final del plan "crea más puestos de trabajo que en la versión del Senado y gasta menos dinero que en la versión de la Cámara de Representantes", aseguró Harry Reid.
El senador demócrata hizo el anuncio durante una rueda de prensa, acompañado por nueve legisladores de ambas cámaras del Congreso que desde la noche del martes han trabajado contrarreloj para armonizar las dos versiones del plan de estímulo económico propuesto por el presidente, Barack Obama.
3,5 millones de empleos
Tras el acuerdo pactado ayer, el plan prevé la creación de 3,5 millones de empleos y destina más de una tercera parte de los fondos a rebajas de impuestos para la clase media, explicó la senadora republicana Susan Collins.
Para Collins, el acuerdo fomentará un "equilibrio" económico y cada una de sus cláusulas está destinada "a la creación de empleos".
El texto final del plan será sometido a votación por el pleno de ambas cámaras del Legislativo "en los próximos días, posiblemente mañana (hoy)", dijo Harry Reid.
Por su parte, el demócrata Daniel Inouye instó a sus colegas a que lo aprueben con celeridad porque no hay "tiempo que perder".
La versión que aprobó el Senado era de 838.000 millones de dólares, en tanto que la que aprobó la Cámara de Representantes el 28 de enero -sin el apoyo de ningún republicano- fue de 819.000 millones de dólares.
Así, el acuerdo alcanzado ayer supone un proyecto de ley mucho menos ambicioso, incluso, que el monto original de 900.000 millones de dólares que sopesó al inicio del debate la Cámara Alta.
Las principales diferencias entre las dos versiones yacían en la formulación de los recortes tributarios y de gastos para proyectos de infraestructura, programas sociales y ayudas a los gobiernos estatales.
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