CIFRAS RONDANDO el 20%-30% convierten al Estado español en uno de los paraísos administrativos más cargados del Universo. Igualmente y por consecuencia, de burocracia adosada y exigida al ciudadano medio, con multitud de excepciones, particularidades, salvaguardas, rarezas, diferencias, documentaciones y colas, a la hora de la aplicación e interpretación de las normas, regulaciones o leyes que ordenan la dinámica de funcionamiento estatal. Un pastel. Esto, indudablemente, resta competitividad y progreso. Si a ello añadimos que en desocupación y paro nos colocamos también en puestos de relevancia absoluta entre los países "occidentales", con duplicación de tasas y porcentajes (con respecto a Francia, Alemania, EEUU?), tenemos que la economía privada productiva, la generación de riqueza, es consecuentemente de las menos voluminosas y activas (relativamente) del globo global. Bajo el título de "España, lujo insoportable", definía D. Manuel M. Ferrand (publicado en Estrella Digital) la situación de una Administración excesiva, cara y poco eficaz, que esa es otra.
En España -¡pónganse a temblar quienes no lo sean!- hay 1 funcionario por cada 8,7 trabajadores activos. Sólo las comunidades autónomas, sin contar la del Estado y los ayuntamientos, suman más de 1,3 millones de funcionarios con nóminas superiores a la media salarial en el sector privado. Si les sumamos los 600.000 del Estado y los 700.000 -más los "contratados"- de los ayuntamientos, podemos ver a dónde va a parar una buena parte de la fiscalidad que, no sin dolor, ordeñan las administraciones -nacional, autonómica y local-.
Y el mal -los funcionarios no son el mal y muchos presentan características vocacionales, con deseos de servicio y productivas por encima del deber- no lleva camino de arreglarse. Todo lo contrario. En la última década, a pesar de las prédicas de austeridad que son comunes a todos los partidos políticos, especialmente al PP y al PSOE, el número de empleados públicos ha aumentado en más de 500.000. ¿Alguien sabe para qué? Dicho de un modo más comprensible: en este tiempo en el que la población española ha crecido poco más del 12 por ciento, el de los funcionarios duplica esa tasa de crecimiento. ¿Tenemos la culpa los canarios?
Porque es que, aparte de este lujazo increíble, resulta que no funciona y que la culpa es nuestra por estar situados en la costa de África, en el trópico de Cáncer, en el Atlántico, y tener obligatoriamente necesidad de voz propia. Ne-ce-si-dad.
Tenemos la culpa de la mutación continua de unos sistemas educativos que se transmutan en sus cimientos cada vez que cambia el color del partido dirigente, colocando cambios de estructura en cuanto empiezan su tarea de gobierno y que provocan una perplejidad enorme y continuada en todo el sistema educativo.
Tenemos la culpa de una Administración de Justicia anclada en el siglo XIX, que aún carece de la más mínima coordinación informática y sucediendo paralelamente a un país judicializado hasta extremos de desquiciamiento. Con los jueces anunciando huelga, ahora ilegal.
Tenemos la culpa en cuanto a una política de inmigración que nos impone sin ayuda el costo íntegro de la factura.
Tenemos la culpa de una administración incapaz de defender al sector primario cuando nos comemos kiwis de Nueva Zelanda o percas del Lago Victoria. Cuando nos hemos vendido a las multinacionales de la distribución, franquicias, cadenas, chinos? sin compensación de ningún tipo para los residentes.
Tenemos la culpa de una carencia histórica para las islas en dotaciones de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado.
Tenemos la culpa en cuanto a las faltas de coordinación de horarios, en cuanto a los excesivos papeles políticos, en cuanto al desarrollo vergonzoso del amiguismo y la mano por medio, en cuanto a la arbitrariedad versada, en cuanto a la subvención de la subvención.
No, es justamente al revés.
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