CC y PP rebajan a la mitad el cambio de camas turísticas por plazas obsoletas

O. GONZÁLEZ, Tenerife

Los representantes parlamentarios de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) dieron a conocer ayer las 47 enmiendas que ambos grupos presentarán para intentar mejorar la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo. 34 de las alegaciones corresponden al articulado, dos a la exposición de motivos y el resto a las disposiciones adicionales.

En una rueda de prensa, José Miguel González, Miguel Jorge Blanco y Nuria Herrera destacaron la "importancia" de las enmiendas "porque nacen del consenso con los colectivos afectados por la ley, atendiendo a sus demandas y preocupaciones", y remarcaron que siguen "de forma firme" el precepto de "ni un metro más de suelo turístico" que estaba recogido en la Iniciativa Legislativa Popular, rechazada hace algunas semanas en el Parlamento regional. Precisamente, éste ha sido el único aspecto de la ILP que ha sido introducido en las enmiendas presentadas por CC y PP.

En este sentido, González subrayó que la idea del Gobierno es "defender" el territorio con medidas que permitan desclasificar suelo turístico, incentivando, a su vez, la rehabilitación de instalaciones alojativas. Además, precisó que no se prevé fijar cupos al número de camas turísticas puesto que, según matizó, "eso le corresponde a los empresarios".

Entre las enmiendas presentadas por los grupos que sustentan al Gobierno regional, destaca la que propone limitar el número de plazas nuevas a obtener por los procesos de rehabilitación de la planta alojativa obsoleta, que nunca podrán superar el doble de las que ya tenía la instalación. Esto es, se podrá incrementar una plaza por cada una sustituida.

Además, CC y PP proponen elevar de cinco estrellas a gran lujo el requisito a exigir para la autorización de nuevos hoteles-escuela previstos en el Proyecto de Ley de Medidas Urgentes, en la actualidad en trámite parlamentario.

En este sentido, proponen también que estas nuevas instalaciones sean clausuradas si no cumplen con algunos de los requisitos exigidos: que el 10% de las plazas equivalgan al personal a formar, que el 60% de la plantilla proceda del Servicio Canario de Empleo y que la permanencia en el trabajo no sea inferior a seis años.

"Pequeña" moratoria

En la misma línea, nacionalistas y populares proponen una "pequeña" moratoria de tres años a aquellos propietarios que no accedan a acogerse a alguna de las alternativas previstas en el proyecto de ley para dedicar a otras actividades el suelo urbano de uso turístico sobre el que tienen licencias urbanísticas adquiridas. "Se mantendrá el derecho edificatorio a aquellos propietarios que no quieran desclasificar ese suelo, ni sustituirlo por otra actividad, pero no podrán hacer uso de él en tres años", remarcó José Miguel González, quien precisó que "de esta manera se pretende que el Gobierno no tenga que hacer frente a indemnizaciones a titulares de suelo con derechos adquiridos", como está ocurriendo en la actualidad.

CC y PP estiman conveniente, asimismo, la necesidad de que se introduzca un cambio de criterio en positivo sobre la interpretación normativa en las autorizaciones a los ciudadanos sobre actuaciones en el suelo, de manera que se consideren autorizados todos aquellos usos que no estén expresamente prohibidos y que sean compatibles con el régimen de protección al que esté sometido el suelo en cuestión. "Se trata de cambiar el criterio y estimar que todo lo que no está prohibido está permitido", apuntó González.

En relación con el uso agrario, Miguel Jorge Blanco especificó que la idea que se persigue con las enmiendas es fomentar la actividad económica del sector primario y facilitar a los agricultores su trabajo "evitando usos o construcciones fraudulentas o que atenten contra el territorio". Entre otras, destacó una que estimula a los ganaderos a legalizar sus explotaciones y otra que incentiva a los propietarios a mantener el suelo rústico limpio para evitar la propagación de los incendios.

En materia de vivienda, por su parte, una de las alegaciones al proyecto de ley presentada por CC y PP contempla la posibilidad de facilitar la ejecución de vivienda por fases, mientras que en relación con el desarrollo industrial, una de las enmiendas le da a los cabildos la posibilidad de pedir la declaración como industrial de suelos que sean necesarios para esta actividad.

Respecto a las supuestas injerencias del proyecto de ley en las competencias de los cabildos, los representantes de CC y PP negaron esta cuestión y aseguraron que "se refuerza la autonomía de los ayuntamientos".

oposición

Nueva ley encubierta

Si ya durante su intervención ante los medios de comunicación los representantes de CC y PP descartaron llegar a acuerdos con el PSC, el portavoz socialista en materia de Medio Ambiente, Manuel Fajardo, eliminó en la tarde de ayer cualquier atisbo de consenso entre los grupos que sustentan al Gobierno regional y la oposición. Fajardo denunció que "las enmiendas presentadas por CC y PP son en realidad una nueva Ley de Medidas Urgentes encubierta". Además, explicó que "después de que los socialistas les pusiéramos la cara colorada al obligarlos a retirar la ley por carecer de consenso entre administraciones y sectores implicados en ella, nos encontramos con que los grupos que apoyan al Gobierno presentan unas enmiendas que son en realidad otra nueva ley, ya que casi no queda nada de la que originariamente se diseñó. Si la anterior era mala, ésta es peor". El diputado detalló que "han modificado 11 de los 22 artículos y han introducido 14 nuevos, modificando también la exposición de motivos y la disposición derogatoria, es decir, desautorizando totalmente el proyecto de ley que presentó el Gobierno después de casi dos años de trabajo". También añadió que "la prueba de que CC y PP han pactado con el Gobierno de Canarias para triturar la moratoria la tenemos en estas enmiendas".