Á. MORALES, Icod
La investigación de la gestión del último gobierno socialista de Icod de los Vinos sigue deparando noticias a la espera de que haya resoluciones judiciales de la sala número 2 del juzgado de la ciudad. Según ha podido saber EL DÍA de fuentes solventes, en la segunda ampliación de la denuncia contra el anterior equipo gestor, efectuada el 5 de mayo de 2008, se alude y se aportan documentos de una supuesta contratación irregular de una familiar del ex edil de Urbanismo José Alberto Ruiz, actual portavoz del PSC en el consistorio. Los hechos los ratifica la secretaria general del ayuntamiento en un escrito remitido al citado juzgado en agosto de 2008 en el que, entre otros aspectos, indica que se debió contratar a otra persona por disponer del puesto número 10 en la bolsa de trabajo de auxiliares administrativos vigente, ya que la elegida figuraba en el lugar 19, con lo que se saltaron nueve nombres.
Según las fuentes, la contratación se produjo el 2 de enero de 2007. Previamente, el 29 de diciembre de 2006, el citado concejal de Urbanismo en esa etapa final del gobierno socialista en la Ciudad del Drago dirigió un escrito a la concejal de Personal, Carmen Casilda Hernández, en el que le instaba a contratar a su prima. Lo hizo pese a la existencia de informes contrarios a la contratación de la sección de Personal y de Intervención por no respetarse la lista de reserva para ese puesto de auxiliar administrativo en el área de Urbanismo.
La edil de Personal, licenciada en Derecho, asumió la propuesta de su compañero y el 2 de enero respaldó un escrito dirigido al alcalde, Juan José Dorta, quien resuelve los reparos técnicos y firma un decreto en el que consta que se era consciente de la existencia de los informes desfavorables del jefe de sección de Personal y de Intervención.
En línea con la postura habitual de los ex mandatarios locales investigados en estas diligencias previas, Ruiz declinó ayer hacer declaraciones sobre esta parte de la denuncia, si bien matizó que su familiar sigue trabajando en el ayuntamiento y ya lo hacía antes de que él entrara como edil. Tampoco se manifestó el ex alcalde, Juan José Dorta, muy prudente desde que saltara la noticia de la investigación, si bien insiste en que, cuando haya resoluciones judiciales "y todo se aclare", explicará en detalle su visión y versión de esta y otras denuncias.
Según le consta a este periódico, las pruebas selectivas para la contratación de auxiliares administrativos se produjo el 3 de marzo de 2005 y tenían una vigencia de dos años. La familiar del edil fue contratada del 2 de enero al 31 de diciembre de 2007 para trabajos relativos a la implantación del nuevo Plan General a jornada completa y por una retribución bruta mensual de 1.061 euros.
En el decreto de Ruiz del 29 de diciembre de 2006, se argumenta que "no es posible llevar a cabo el proceso selectivo oportuno, puesto que significaría la interrupción de la tramitación de expedientes que están en curso y sometidos a término, por lo que propongo que se contrate (a su familiar y otra trabajadora) a jornada completa y hasta el 31 de diciembre".
Aunque han surgido otras polémicas y tiranteces en el pacto local de CC y PP, el futuro político a medio plazo en Icod, especialmente en torno al PSC, sigue dependiendo de esta investigación.
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