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EL DÍA, Arona
El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Arona se querellará contra Felipe Campos, abogado que lleva el llamado "caso Arona", al considerar que "las constantes declaraciones públicas realizadas" por dicho letrado "son del todo difamatorias, capciosas y de claro carácter coactivo", según se pone de relieve en un comunicado.
El portavoz del ejecutivo local, Antonio Sosa, manifiesta que "las declaraciones de Felipe Campos son, habitualmente, un cúmulo de desaciertos e insultos, que han tocado techo, ya que se ha puesto en tela de juicio sistemáticamente y sin criterio las actuaciones de los políticos y los funcionarios" que trabajan en la corporación municipal aronera.
El edil del grupo de gobierno afirma que el abogado "condiciona continuamente, a través de la coacción, el normal funcionamiento de esta institución pública", quien añade que el citado letrado "se ha autoproclamado valedor de no sabemos qué derechos y defensor de un concepto de justicia interesado y parcial".
Según Antonio Sosa, "al margen de todos los improperios que lanza cada vez que puede, es absolutamente intolerable el mancillamiento constante y el profundo daño que este abogado le está causando a un municipio como el nuestro".
"Lo mas triste es que intuimos quién está detrás de todo este asunto y qué intereses lo mueven", asevera el concejal del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Arona.
La respuesta
El portavoz de los nacionalistas concluye diciendo que Felipe Campos "ha realizado acusaciones extremadamente graves tanto a políticos como a funcionarios de esta corporación local, por lo que este gobierno ha decidido poner este asunto en manos de la justicia".
Por su parte, el abogado Felipe Campos manifiesta que las "descalificaciones" e intenciones que quiere llevar a cabo el gobierno local "son un clásico cuando los políticos se sienten acorralados y son descubiertos de sus andanzas".
El letrado dice que "lo que está claro" es que los nacionalistas aroneros "nos respetan ni al fiscal, ni al juzgado", añadiendo que "no respetan para nada el Estado de Derecho".
Así, expresa que él no entra a valorar la elección de Coalición Canaria (CC) como fuerza mayoritaria en el ayuntamiento tras los comicios, "pero el gobierno no se puede, presuntamente, apartar de la ley".
Campos resalta que el Estado de Derecho da la posibilidad de la disolución de una administración pública y con ese objetivo se trasladará al Congreso de los Diputados para recabar apoyos entre los grupos parlamentarios para lograr tal fin, porque el gobierno local ha incurrido "en el mayor supuesto de corrupción de España".
El letrado también manifiesta que mañana, o lo más tardar el martes, se personará en el Palacio de Justicia de Arona para aportar la supuesta grabación en la que el alcalde, José Alberto González, reconoce presuntas ilegalidades en el PGO, así como que pedirá la anulación cautelar de licencias en dominio público por no contar con informes jurídicos preceptivos.
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