Exigen el cumplimiento de la sentencia sobre el "caso Los Príncipes"

El caso sobre el convenio urbanístico se cerró en falso, según IUC-LV./ EL DÍA

EL DÍA, Los Realejos

El portavoz de Izquierda Unida Canaria y Los Verdes (IUC-LVC), Juan Borges Morales, exige el cumplimiento de la sentencia recaída sobre el caso de la urbanización de Los Príncipes de Los Realejos, porque, según argumenta, "han transcurrido los plazos legales sin que haya sido apelada y porque ha devenido firme en sus efectos".

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife notificó la sentencia 277/2008, de 11 de septiembre, en el proceso por el que Juan Borges, en representación de Izquierda Unida Canaria-Los Verdes, reclamó contra la desestimación por silencio del recurso interpuesto, contra la solicitud de declaración de oficio de nulidad y suspensión de los actos de ejecución del acuerdo de 29 de julio de 2004, que aprueba definitivamente el convenio urbanístico con la junta de compensación del plan parcial del sector del suelo apto para urbanizar residencial número 8-alto de las normas subsidiarias del planeamiento general municipal de Los Realejos.

En la exposición de motivos, Juan Borges, citando fuentes jurídicas, indica que "tras la firmeza de la sentencia, se deberá comunicar en el plazo de diez días al órgano que hubiera realizado la actividad objeto del recurso, a fin de que, una vez acusado recibo de la notificación en idéntico plazo desde la recepción, la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el organismo de la sentencia. Cualquiera de las partes y personas afectadas podrá instar su ejecución forzosa".

IUC-LV insiste en que la sentencia sobre el convenio urbanístico de Los Príncipes "es clara y estima nuestro recurso". A su entender, de esta forma se ha reabierto un caso "que se cerró en falso y que se ha pretendido esconder a la opinión pública sin entrar en el fondo por parte del anterior gobierno de CC y PP".

Destaca que una propiedad municipal valorada en 734.856 euros "fue malvendida por 328.290". Considera que "es una barbaridad jurídica que el alcalde diga que el Ejecutivo local hizo uso de su legítimo silencio administrativo, ya que la ley obliga a las administraciones a resolver las solicitudes que presenten los ciudadanos".