La crisis económica acelera la toma de algunas decisiones que hace unos pocos meses eran impensables. En EEUU, uno de los mayores grupos bancarios de ese país, el Citigroup, respaldó a principios de mes una polémica propuesta del nuevo equipo económico del Gobierno de Barack Obama que otorga facultades a los jueces para que puedan cambiar, dentro de ciertos límites, las condiciones en las que los insolventes contrataron sus hipotecas. Los analistas aseguran que Bruselas sigue con interés el asunto, pero en Canarias tanto nacionalistas como socialistas se oponen a importar este modelo como fórmula para combatir la morosidad "porque no hace falta".

El portavoz del grupo socialista, Blas Trujillo, explica que su formación política ha propuesto que sea el Estado, junto con las autonomías, el que pueda intervenir en situaciones "muy concretas" de insolvencia, en vez de abrir la puerta a una mediación judicial como primera opción.

La medida pretende, según explicó Trujillo, propiciar un diálogo entre la banca y los deudores morosos para que traten de llegar a un acuerdo que evite la ejecución hipotecaria.

Se busca así que los bancos flexibilicen las condiciones de pago contraídas por las familias en unos supuestos "muy claros", como el caso de los hogares donde todos sus miembros estén en el paro.

Son situaciones en las que habría que plantear alguna alternativa antes de proceder a la vía ejecutiva, asegura Trujillo.

En todo caso, recuerda el diputado socialista, en España ya existe "algo similar" a la iniciativa aprobada en EEUU, que recoge la Ley Concursal.

Esta norma contempla la posibilidad de una declaración de insolvencia para las familias bajo ciertas condiciones.

El PSC se muestra así contrario a la creación de un mecanismo que imponga una solución a las partes, y prefiere impulsar algún instrumento que inste a abrir conversaciones entre deudores y acreedores.

La propuesta estadounidense tampoco convence a Coalición Canaria (CC). El presidente del grupo nacionalista, José Miguel González, explica que el mecanismo respaldado por el Citigroup pretende conseguir una transacción con garantía pública, pero en España tanto la entidad como el contratante están protegidos por ley, por lo que aquí "no parece necesario una medida de este tipo".

Al surgir un problema de insolvencia en EEUU, añade González, se busca la mediación, y el hecho de acudir a una autoridad pública impone un mayor compromiso para las partes, pero también da más garantía a las entidades acerca del cumplimiento de los acuerdos alcanzados.

Y es que la modificación de las hipotecas debe "acarrear una garantía del Estado de que alguien paga". En España todo se hace ante notario, "e incluso interviene el Registro, pero en EEUU no ocurre así".

Evitar las ejecuciones

Para el diputado nacionalista, "está claro" que las entidades financieras no tienen interés en quedarse con propiedades, "y menos aún cuando los problemas no los da una en concreto, sino cientos de miles".

En cambio, "sí les preocupa la insolvencia que se produce por las deudas incobrables, que inmoviliza recursos y compromete sus resultados".

Como Trujillo, González también destaca la importancia de que en España se acuda a la vía negociada. "Aquí ya se negocia para evitar males mayores, como la ampliación de la duración de las hipotecas para disminuir el montante de la mensualidad". Esta fórmula, matiza, obliga a pagar más al deudor, pero también supone un "alivio" al permitirle afrontar los pagos ahora. Insiste el nacionalista en que "no veo necesidad de este tipo de medidas en España; que no se nos olvide que en EEUU el mercado está muy confuso".