EL DÍA, S/C de Tenerife
Las consultas al Servicio de Prevención y Ayuda contra el Acoso Escolar del Gobierno de Canarias ascendieron a 241 durante el primer cuatrimestre de este curso, una cifra que supone un significativo incremento respecto a la registrada en el mismo periodo de 2007-2008, cuando sólo fueron 169. Del total de llamadas, 59 se referían a casos que exigieron una intervención, uno menos que en el curso anterior.
Sólo dos de ellos tienen la consideración de graves y, tal y como establece el protocolo de actuación para estas situaciones, fueron derivados a los servicios correspondientes: sanitarios, sociales o, incluso, a la Fiscalía. El aumento en el número total de consultas se explica por el incremento de peticiones de información sobre el funcionamiento del servicio por parte de los centros.
Los datos fueron aportados ayer por la directora general de Ordenación e Innovación Educativa, Victoria González Ares, quien precisó que, en relación al número de alumnos que estudian en Canarias -alrededor de 350.000-, los casos graves constituyen únicamente un 0,018%. "Aunque es preocupante que un solo niño sea acosado, no son cifras de gran magnitud que deban inducir a la alarma", apuntó González Ares.
Las cifras dibujan un perfil del acosador mayoritariamente masculino, un 63%, mientras que los acosados son, sobre todo, de sexo femenino, un 53%. Asimismo, el informe concluye que este fenómeno es más frecuente en los primeros cursos de Secundaria, dado que un 20% de las denuncias se produjo en Primero de ESO y un 17% en Segundo.
En cuanto a la distribución por islas, Gran Canaria ha sido el territorio donde se han registrado más casos -32, lo que supone un 54% del total-, seguida de Tenerife, con 22 casos y un 37%. El Hierro es la única isla en la que no se dio ningún caso.
Noviembre fue el mes en que se produjeron más intervenciones, 21, seguido de octubre, con 19, y diciembre, con diez, mientras que en septiembre únicamente se contabilizaron nueve casos.
Más de tres cuartas partes de las denuncias las presentan los afectados a los propios centros escolares, principalmente a sus equipos directivos. El resto, un 24%, lo traslada a sus familias.
El estudio recoge que quien hace la petición de ayuda es, en un 76% de los casos, la madre del alumno afectado, frente al 12% de los padres, mientras que en un 7% lo hace el propio estudiante.
Los comportamientos más frecuentes son las "conductas visibles", como el maltrato, el insulto, las agresiones o las amenazas, mientras que las menos comunes son las "no visibles", como las coacciones, aislamiento o robos.
Los alumnos atendidos son objeto de un seguimiento durante un año. Una vez ha transcurrido este periodo, se les plantea un cuestionario y un 98% responde que su situación ha mejorado desde la intervención.
Además de estas actuaciones directas sobre los afectados, el servicio tiene una finalidad primordialmente preventiva, plasmada en actividades como charlas y obras de teatro en colegios e institutos.
La relevancia de este fenómeno en Canarias en relación a otras comunidades autónomas no puede medirse, explicó González Ares, dado que el Archipiélago es la única región que cuenta con un servicio de este tipo. Otras, como Valencia, disponen de mecanismos de intervención externos, pero sólo en Canarias se aborda desde tres frentes: la Administración, servicios externos y los centros.
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