EL DÍA, S/C de Tenerife
Enrocados en sus condiciones hasta el final. Así parece que se van a mantener los socialistas canarios pese al llamamiento a la unidad realizado este martes por el presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, para afrontar "juntos" la crisis económica que afecta al Archipiélago.
El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Manuel Marcos Pérez, remarcó ayer, en declaraciones realizadas a este periódico en los pasillos del Parlamento de Canarias, que si bien el PSC está dispuesto a trabajar por Canarias, exigen al Gobierno regional que presente un conjunto de acciones para afrontar las "enormes dificultades" que, a su juicio, atraviesa el Archipiélago.
El diputado socialista remarcó que la crisis económica que se vive en las Islas es la peor en 50 años y, por tanto, requiere que "el Gobierno adopte medidas con urgencia".
Así, el representante socialista remarcó que la búsqueda del consenso que pretende Paulino Rivero debe establecerse bajo una serie de premisas, entre las que citó la comparecencia del propio Rivero en la Cámara regional.
Además, incidió en que el Ejecutivo regional debe presentar un conjunto de iniciativas concretas que tengan ficha financiera bianual (2009-2010). "No valen medidas vacías", precisó Marcos Pérez, quien criticó el "engaño" que, a su juicio, representa el plan de reactivación de la economía de algo más de 350 millones de euros presentado este lunes por el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno canario, José Manuel Soria. "Eson son fondos europeos aprobados y destinados a Canarias", remarcó el diputado socialista.
En la misma línea, el parlamentario del PSC argumentó que para poder llegar a un consenso con las fuerzas que forman el Gobierno regional (CC y PP) es necesario llegar a un acuerdo en la renovación de los órganos que dependen del Parlamento (Audiencia de Cuentas, Consejo Consultivo, Consejo de RTVC y el Diputado del Común), una negociación que se encuentra bloqueada desde hace meses.
Asimismo, Manuel Marcos Pérez estableció como una premisa para llegar a acuerdos con el Gobierno regional el cese del vicepresidente, José Manuel Soria, "porque no lo consideramos una persona capaz para afrontar la época de crisis que estamos viviendo, y porque ha puesto en cuestión al Estado de Derecho al culpar a jueces y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de alterar las leyes y la propia Constitución Española".
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