Sanción de 417.000 euros a Pejomar por las obras ilegales de Los Frontones

LOS EDILES de IPO e IU se van del pleno por la negativa del alcalde a dar la palabra a Baute./ Á.m.

EL DÍA, Puerto de la Cruz

El recurso a la "política de hechos consumados" volvió ayer a los labios de algunos de los portavoces de la oposición orotavense durante un pleno local tras la aprobación por parte del gobierno villero (CC), con apoyo del PP y la abstención del PSC, del sistema de ejecución y proyecto de urbanización de los dos edificios construidos por la empresa Pejomar en la zona de Los Frontones, obras ejecutadas durante casi dos años sin la preceptiva licencia. Tanto IPO como IUC-Los Verdes coincidieron en que se trata de "un nuevo y descarado trato de favor" hacia esta compañía (protagonista del caso Atlante) y temen que la sanción impuesta por Disciplina Urbanística, que alcanza los 417.000 euros, se quede finalmente en nada, toda vez que podrá ser rebajada o, incluso, anulada por la nueva situación legal de las obras.

El edil de Urbanismo, Narciso Pérez, negó con rotundidad las acusaciones de favoritismo agarrándose precisamente a esa cifra de la multa, que asumió públicamente, si bien no descarta que la empresa presente recurso. Además, subrayó que la compañía tendrá que pagar el falso túnel que dichos edificios han obligado a crear por afectar a la futura vía de circunvalación. Unos trabajos que la empresa ha avalado con un total de 1,71 millones de euros, 43.000 más de lo que se le exigía, para lo que ha recurrido a unos locales comerciales y garajes que posee en San José (San Juan de la Rambla) y, en un punto aprobado ayer por la vía de urgencia, a cuatro oficinas del edificio La Marqueza (en el Mayorazgo, en La Orotava) valoradas en 104.000 euros.

El portavoz de IPO, José Manuel Hernández, mantuvo su consabido tono crítico y contundente, al recordar que la empresa "inició unas obras sin permiso, CC y, en concreto, el alcalde, que ejerció como responsable de Urbanismo en esa etapa, supo de la ilegalidad, pero no actuó para frenar los trabajos o derribarlos y, ahora, con casi todo terminado, se trae el proyecto para legalizarlo". Según recalcó, se trata de la "empresa de los casos", a la que se le permite actuar desde la impunidad y sin perjuicios posteriores. Al igual que el resto de portavoces, mostró su total apoyo al centenar de propietarios que compraron sin saber que esas viviendas carecían de licencia, pero insistió en que su grupo y la oposición no puede respaldar una maniobra con la que, a su juicio, se solventará una "clara" ilegalidad, "permitiéndose, además, avales de propiedades de otro municipio, y no bancarios, para un túnel que no se hará en 8 ó 10 años, con lo que las cantidades avaladas (luego ampliadas) pueden quedarse cortas". Hernández recordó que algo muy similar ya ocurrió con el sector 10, en Las Arenas, donde se ubican las grandes superficies.

En un sentido muy similar se pronunció el concejal de IUC-LV, Francisco Baute, quien indicó que el simple hecho de aprobar un proyecto de urbanización cuando ya está todo hecho "debería sonrojar al gobierno". En su opinión, la sanción sólo trata de "lavar la imagen" de CC, "cuando está claro que, con la aprobación de este proyecto de urbanización, puede quedarse en nada". Baute también criticó el informe de Obras Públicas "en el que parece que se le da las gracias a la empresa por la ilegalidad para hacer ahora un falso túnel que no estaba contemplado antes".

Manuel González (PSC) justificó su abstención en los pros que encuentra en el proyecto, sobre todo por su reducción del impacto vial, pero también en sus dudas sobre si CC cumplirá a rajatabla la ley, aparte de recalcar que una cosa es el proyecto aprobado ayer, otra la sanción y una tercera la vía judicial abierta por la Fiscalía.

Enrique Luis (PP) coincidió con el PSC en esto último, pero apoyó el proyecto pensando básicamente en no perjudicar más a los compradores de las viviendas.

orden del día

No a la dimisión del alcalde

Entre los 34 puntos del pleno destacó, una vez más, la alusión de Baute a lo dicho por el alcalde sobre los inmigrantes en el congreso de CC y su abstención en una moción de diciembre pasado en la que se pedía una condena del racismo y la xenofobia. IUC-LV exigía ayer la dimisión de Valencia, pero recibió el rechazo de CC, que no quiso profundizar, del PSC, que sí apoyaba parte de la iniciativa, pero no la dimisión, y del PP, que no creía oportuno este debate. Sólo IPO, en coherencia con su propia postura tras el congreso, apoyó la dimisión del mandatario.

En la sesión se aprobó, con la abstención de IU-LV, el arrendamiento de la casa Rómulo Bethencourt a la Fundación Santa Rita por 2.000 euros mensuales. Pese a la abstención del PP, se cambió el nombre de la calle General Varela (de Los Cuartos) y la avenida José Antonio por calle La Libertad y avenida de Canarias. Además, se respaldó una moción del PP para que haya una ordenanza fiscal que regule la instalación de empresas de telefonía móvil, lo que podría dejar 400.000 euros anuales. También se apoyaron pequeñas mejoras propuestas por el PSC en el centro de especialidades médicas a la espera de disponer de un nuevo equipamiento, una escuela taller planteada también por los socialistas sobre enoturismo para jóvenes de 16 a 25 años y una moción de este grupo para recuperar la Mancomunidad del Valle, aunque con la condición de que lo aprueben el resto de municipios.

Entre las mociones rechazadas, destaca la de IPO e IUC-LV en defensa de las radios sociales, comunitarias y sin ánimo de lucro, ya que CC condicionó su apoyo a que se amplíe el número de licencias por parte de Madrid, así como una de IUC-LV que pedía la creación del Consejo Municipal de la Solidaridad, que CC cree que ya tiene cabida en el de Asuntos Sociales. CC se comprometió a estudiar si el ayuntamiento puede llevar sólo el sitio web local (que cuesta 2.659 euros mensuales). Las preguntas de IPO sobre la universidad privada no arrojaron novedades.