AGENCIAS, Madrid
El 18% de los jueces que votaron la pasada semana la convocatoria de una huelga para el 18 de febrero no tienen previsto, de momento, desconvocar la protesta. Tras una primera valoración de la reunión mantenida el lunes por el Ministerio de Justicia y las asociaciones judiciales, consideran que "a día de hoy" no existe "una razón poderosa" para abortar el paro laboral.
Según dijeron varios jueces y magistrados de diversos comités de huelga provinciales, el aumento de la dotación para nuevas tecnologías cifrada por el ministerio en 20 millones de euros es "importante, pero insuficiente" si no va acompañada de otras medidas.
La decisión final de esta minoría de la carrera judicial, que rechazó retrasar la huelga al 26 de junio como pedían las asociaciones judiciales, queda sin embargo a la espera de que todos los colectivos judiciales emitan una valoración sobre el resultado de la entrevista con el ministro Mariano Fernández Bermejo. Pero fuentes del colectivo auguran que la mayoría de los cerca de 900 jueces que aprobaron parar el 18 de febrero siguen "insatisfechos" porque "no ha salido nada" de la reunión.
Las asambleas que apoyaron esta moción fueron las de Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Sevilla, Castellón, Murcia, Soria, Granada, Córdoba, Soria, Zamora, Lugo, Pontevedra, Gerona, Tarragona, Ibiza y Extremadura. La mayoría condicionó entonces su postura a favor de la huelga inminente al resultado de la entrevista del lunes. Defienden tres reivindicaciones esenciales: incrementar las plazas de jueces para mejorar el ratio que mide el número de magistrados según la población, que en la actualidad es de 10,24 por cada 100.000 habitantes; aumentar del 1 al 3,5% el porcentaje de PIB total dedicado a la justicia, y dejar en manos de los jueces la competencia de decidir la agenda de señalamientos de las vistas, que el ministerio quiere atribuir a los secretarios judiciales.
Por otra parte, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) consideró ayer "improcedente" la huelga. En un comunicado, el CGAE afirma que comparte algunas de las reivindicaciones de los jueces, pero que considera que los problemas de la Justicia son mucho más amplios y profundos, "y que la anunciada huelga de jueces y magistrados no aliviará la muy precaria situación de los derechos de los ciudadanos ante la Justicia".
El CGAE recuerda la doctrina constante del Supremo "que afirma la primacía del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución en los supuestos de colisión con otros derechos".
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