"El bien del pueblo es la suprema ley". Esta frase que Cicerón dejó escrita no ha perdido su vigencia como programa de la mejor acción política en todos los tiempos, también en los nuestros. ¡Qué pronto se vencería la crisis que tantos Estados están sufriendo, entre ellos el español!
Cuando el bien del pueblo es la suprema ley, la política cobra un relieve especial y se convierte en una plataforma muy eficaz para poder ofrecer aquellas condiciones que faciliten a cada uno de sus miembros el pleno desarrollo personal. Por eso, si de verdad el bien del pueblo es la primera preocupación de los políticos, no caerán en la tentación de la corrupción ni del enriquecimiento personal, ni emplearán su cargo público para propio lucimiento. Por el contrario, los verdaderos políticos serán siempre aquellos ciudadanos capaces y totalmente dispuestos a servir a los demás desde el poder o desde la crítica de la oposición. La política no se puede entender si no es considerada como ofrecimiento decidido para servir al bien común.
Y ahondando más en la responsabilidad de personas cristianas, tienen que hacer valer el peso de su autoridad moral en la opinión pública, a fin de que el poder político sea ejercido con justicia y para que las leyes respondan a los principios de la moral y del común.
Para alcanzar este logro tan supremo, nuestros políticos, en general, deberían recordar y vivir la sabia crítica del nuestro gran economista Ramón Tamames: "Este país -España- tiene demasiado Estado y muy poca sociedad". El grado de sociedad que tenemos -afirma nuestro crítico economista- es todavía (1978), por desgracia, muy bajo en España. Olvidamos que en una democracia prima la sociedad; en una dictadura, por el contrario, prevalece el Estado. Cuando hay demasiado Estado, la sociedad civil no avanza y permanece anquilosada en un nivel infantil, esperándolo todo del papá Estado. Urge la revitalización del sabio principio de subsidiariedad expuesto por Pío XI en su encíclica social "Quadragesimo Anno", según el cual lo que pueden hacer el individuo y los grupos intermedios que no lo haga el Estado.
El Estado debe ser, sobre todo, el garante del bien común, procurando que los individuos y los grupos intermedios intervengan también eficazmente en su consecución. Una sociedad con mucho Estado y poca sociedad es una sociedad invertebrada, incapaz de organizarse como sociedad civil adulta. Aquí falta conocimiento y hacer vida en nuestros políticos y en la misma sociedad a la hora de aplicar esta frase: "El bien del pueblo es la suprema ley". Aquí está el secreto más seguro de cómo el Estado está velando permanentemente por el bien común, como propia misión suya.
* Capellán de la clínica San
Juan de Dios
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