EL DÍA, S/C de Tenerife
El presidente del PSC en la Cámara canaria, Manuel Marcos Pérez, anunció ayer que su partido estudia la iniciativa parlamentaria adecuada para reprobar al vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía, José Manuel Soria, por "poner en cuestión" el Estado de Derecho con sus declaraciones acerca de que la Policía Nacional obedeció órdenes políticas en la detención del empresario grancanario Santiago Santana Cazorla.
Esas fórmulas pueden ser la Proposición no de Ley (PNL) o la moción, dijo Pérez, aunque ya el propio secretario general del PSC, Juan Fernando López Aguilar, planteó esta reprobación como una moción parlamentaria.
Esta es una de las condiciones "sine quan non" que han puesto los socialistas para reunirse con el presidente canario, Paulino Rivero, entre otras cuestiones para tratar de renovar de una vez por todas los órganos parlamentarios (Consejo Consultivo, Audiencia de Cuenta y Radiotelevisión Canaria). La otra condición, explicó Manuel Marcos Pérez, es la puesta en marcha inmediata de un plan canario que contenga medidas estratégicas anticrisis, como ya anunciaron los socialistas con anterioridad y que cuantificaron en 70 millones de euros.
El presidente del Grupo parlamentario Socialista instó a Rivero a poner sobre la mesa una propuesta para renovar los órganos parlamentarios "que respete el resultado de las urnas" y aclaró que las dos reuniones anteriores con el presidente canario "no han servido para nada". Por eso, consideró que si finalmente su partido se sienta a hablar con el jefe del Ejecutivo canario será con "unos objetivos trazados o una hoja de ruta".
"Peor crisis"
En la que calificó como "peor crisis en Canarias desde los años 50 del pasado siglo", el dirigente socialista calificó de "desfachatez" que el vicepresidente canario anuncie un plan de 356 millones de euros para el Archipiélago, "cuando se trata de fondos europeos".
Además, Manuel Marcos Pérez anunció la interpelación presentada por su grupo en el Parlamento y que se debatirá esta semana en el Pleno para que el Gobierno de Canarias asuma su compromiso electoral de plantear medidas que eliminen los costes de la doble insularidad. Estos costes no sólo afectan a los servicios públicos o los transportes, explicó el socialista, sino también a la sanidad o la educación, entre otras áreas.
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