LA CRISIS económica y financiera continúa desarrollándose. Repentinamente, los ciudadanos tuvieron conocimiento de que el Gobierno había decidido dar una nueva inyección de liquidez a bancos y cajas, cosa, al parecer, inaplazable. En esta ocasión ha habido menos complejos, y las cajas de ahorros se han precipitado sin recato a percibir esta ayuda. Como la situación producida por el frenazo brusco de los créditos, así como del mercado interbancario, no da síntomas de cambio, cabe pensar en consecuencia que las entidades de crédito destinarán este nuevo auxilio a continuar la tarea de su propio saneamiento, de cuya magnitud cada vez se conoce menos, aunque es muy legítimo sospechar que es bastante mayor de lo que se dijo en principio.
La opacidad en las acciones y decisiones del Gobierno aumenta a ojos vistas, el desempleo crece fuertemente, la economía se para. Los gobernantes occidentales no saben bien por dónde tirar, y ya ni se cuidan de disimular su desorientación. Y la gente normal, mientras tanto, trata de sobrevivir como puede, procurando ahorrar -a buenas horas- y tratando de hacerse a la idea de que, aunque más modestamente, podrá seguir con su vida habitual mientras no se pierda el empleo o no haya que echar el cierre al pequeño negocio o la pequeña industria.
Escandalera
Mientras todo esto ocurre, la semana se ha visto amenizada por un gran estruendo mediático provocado por el diario madrileño El País, que denunció la creación de un grupo dedicado por la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid a espiar a diversos políticos del Partido Popular y el Partido Socialista, así como al presidente de Cajamadrid. Con un lenguaje al principio de apariencia rotunda y cada día más matizado, espeso y ambiguo, se insinuaba que la presidenta autonómica de Madrid, Esperanza Aguirre, había alentado a su consejero Granados a formar ese grupo de espías, aparentemente con el propósito de destruir políticamente a su gran adversario, el alcalde Ruiz-Gallardón, y a fortalecer su control de Cajamadrid, que renovará próximamente su Asamblea y sus órganos directivos.
Muchos aspectos de esas informaciones (?), sin embargo, eran contradictorios, pues uno de los espiados era el vicealcalde Manuel Cobo, pero otro resultaba ser el mismísimo vicepresidente autonómico Ignacio González, número dos de Aguirre y tenido hasta ahora como el hombre de mayor confianza de la presidenta. Todo muy oscuro y sórdido, pero con un mensaje implícito claro: los políticos madrileños del PP se destrozan mutuamente, y no vacilan en usar medios ilegales.
Como ocurre siempre, todos los mencionados como responsables de esta operación negaron todas las acusaciones de plano, exigieron pruebas y anunciaron probables acciones judiciales contra los que difundieron lo que consideraban infundios calumniosos, al tiempo que exigían a la autoridad judicial que tomase cartas en el asunto. En efecto, un juez ha respondido con celeridad a las denuncias puestas por los agredidos, y parece que el diario "El País" ya ha puesto en manos del fiscal alguna documentación al respecto.
A medida que pasan los días el escándalo va difuminando sus perfiles, y hoy, al cabo de una semana mal contada, resulta cada vez más difícil encontrar alguna coherencia en las informaciones del diario y comprender los planes, los supuestos objetivos y hasta la misma identidad de estos conspiradores. El portavoz nacional del PP sugirió que estos seguimientos podrían provenir del Ministerio del Interior; el presidente del partido, Mariano Rajoy, matizó en seguida esta sospecha, y el ministro Pérez Rubalcaba trató de minimizar la escandalera calificando a esos presuntos espías de "Mortadelos".
Es posible que se vayan conociendo datos nuevos que permitan hacerse una idea algo más concreta de todo este ruido. De momento, lo que se ve es que alguien, en vísperas de la renovación de cargos en Cajamadrid y en antevísperas de las elecciones gallegas, vascas y europeas, ha utilizado a El País como ariete para una operación de descrédito del Partido Popular en general, y sobre todo de Esperanza Aguirre en particular, sin olvidar la diseminación de salpicaduras sobre el alcalde Ruiz-Gallardón; curiosamente, ambos son los políticos del PP más probables sucesores de Rajoy en la eventualidad de que unos muy malos resultados forzasen a ese partido a cambiar al candidato a las próximas generales. ¿Quién es ese alguien? ¿Qué fundamento tienen sus acusaciones? Ya se verá?, si es que se acaba sabiendo algún día.
Obama
La toma de posesión de la presidencia de Estados Unidos por Barack Obama, el primer presidente de raza negra de la historia de aquel país, ha sido otro de los protagonistas de la semana, también en España. La principal razón ha sido la apropiación que del personaje ha hecho el presidente del Gobierno español, que calificó el discurso de toma de posesión del nuevo mandatario americano como una pieza de "socialdemocracia pura". Los medios de la oposición se han apresurado a negar toda similitud entre Obama y Rodríguez Zapatero, mencionando los aspectos religiosos de la ceremonia de toma de posesión y el hecho de que Obama no para de hablar de Dios en cuanto se pone delante de un micrófono.
A mi parecer, todo esto es una suma de despropósitos. Ni Obama es un socialdemócrata, como se verá muy pronto con las medidas económicas que adopte frente a la crisis, ni es tan religioso como aparenta. De hecho, el mismo viernes firmó el decreto que levanta la suspensión de las subvenciones con fondos públicos a las ONG americanas que promuevan el aborto en el extranjero. En este punto fuertemente polémico, Obama es inequívoco. Cuando en campaña se le preguntó cuándo, en su opinión, un ser humano empieza a ser titular de derechos humanos, vaciló y se limitó a contestar: "No me pagan por responder a esto".
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