La Fiscalía denuncia a la Autoridad Portuaria por destruir los sebadales

LOS ECOLOGISTAS anunciaron las acciones judiciales que iniciarán ante el posible inicio de las obras del puerto./ e. d.

N. VIZOSO, S/C de Tenerife

Recientemente la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha cursado una denuncia penal contra la Autoridad Portuaria por la presunta destrucción del Lugar de Interés Comunitario (LIC) Sebadales de San Andrés. Así lo anunció ayer la Federación Ecologistas en Acción, que reivindicó que "era un clamor la pérdida de este sebadal debido a obras portuarias". Sin embargo, desde la Autoridad Portuaria se aclara que no han recibido ninguna notificación oficial de la tramitación de esta denuncia.

A juicio de los ecologistas, esta denuncia vendría a desmontar uno de los principales argumentos para la construcción del futuro puerto industrial de Granadilla, ya que "la Autoridad Portuaria usó la presencia del sebadal de San Andrés para demostrar en Bruselas que el puerto de Santa Cruz no se podía ampliar". Los ecologistas entienden que dado que la Unión Europea (UE) determinó como una de las medidas compensatorias a la construcción del puerto que se declararan nuevos sebadales, el nuevo de Güi-Güi en Gran Canaria vendría a compensar la destrucción del sebadal de San Andrés, por lo que deberá declararse uno nuevo que compense la descatalogación de los de Granadilla.

Además, la Federación Ecologistas en Acción presentó dos escritos que han sido remitidos a la Comisión Europea y a la Viceconsejería de Medio Ambiente con los que argumenta la inviabilidad legal de la futura infraestructura. A raíz de las recientes manifestaciones realizadas por parte del consejero de Medio Ambiente del Ejecutivo regional, Domingo Berriel, y del presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Rodríguez Zaragoza, en las que anunciaron el inminente comienzo de las obras del puerto industrial de Granadilla, los ecologistas han mostrado su "indignación" y "estupor", ya que creen que éste es un proyecto ilegal.

Los ecologistas argumentaron que en el expediente de descatalogación de los sebadales es imprescindible un documento técnico-científico avalado por una institución científica o una universidad, no por una empresa privada como es el Centro de Investigaciones Medioambientales del Atlántico (CIMA). Así, denunciaron que Antonio Machado, director del Observatorio Ambiental de Granadilla, es la persona que avala esa empresa privada como institución científica, por lo que demostraría la falta de independencia de este organismo.

Por otro lado, reivindicaron que entre los argumentos para la construcción del puerto de Granadilla se ha tenido en cuenta una estimación de crecimiento de la actividad del puerto de Santa Cruz en torno a un 5% anual. Sin embargo, el presidente de la Autoridad Portuaria ha manifestado que la actividad portuaria ha caído un 20%, con lo que las estimaciones en las que se basaba la construcción del puerto de Granadilla "caen por su propio peso". Por otro lado, hicieron referencia a las declaraciones del presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, en las que anunciaba que con las obras en la dársena del Este se podrán mover 880.000 contenedores frente a los 370.000 de 2008, por lo que caería el argumento del colapso del puerto de Santa Cruz.

53 especies protegidas

El grupo ecologista también ha remitido otro escrito a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias en las que solicita información sobre las medidas previstas para enfrentar la presencia de las 53 especies protegidas que se verán afectadas por las obras de Granadilla, advirtiendo de que la destrucción de cualquiera de estas especies es un hecho punible. Por otro lado, los ecologistas piden al secretario general del PSC-PSOE y cabeza de lista socialista a las elecciones europeas, Juan Fernando López Aguilar, que se pronuncie ante la "avalancha de argumentos" que demuestran que el proyecto del puerto de Granadilla "es ilegal". En este sentido, recuerdan que el principal discurso de López Aguilar es "que se cumpla la ley".