El SOS de los jueces

C. ÁLVAREZ, Tenerife

La primera huelga de jueces en la historia de España se debe a la situación de la Justicia y de la pérdida de independencia judicial como garantía básica de los derechos de los ciudadanos. Una planta judicial con carencias, falta de jueces que garanticen estabilidad a los órganos, funcionarios bien formados y que se impulse la Oficina Judicial son algunas de las reivindicaciones que han llevado a los jueces a decir "hasta aquí" y pedir respeto a su independencia.

Jorge Riestra Sierra, magistrado del Juzgado de lo Social número Tres de Santa Cruz de Tenerife y portavoz de la asamblea de jueces que votaron mayoritariamente "sí" a la huelga prevista para el día 18 de febrero, comentó a EL DÍA que "en asamblea provincial nos reunimos y contamos con una amplia participación, acordando secundar la jornada de huelga del día 18 de febrero. Nos vimos en la obligación de convocarla. No es algo que nos guste, sino que es un mal al que nos ha llevado la situación".

Riestra apunta que la razón es "sostener las reivindicaciones básicas de la Carrera Judicial que van en beneficio de la comunidad y que son en su finalidad principal reivindicar la independencia como garantía básica de los derechos de los ciudadanos ante los abusos de poderes". Al hilo, el juez plantea que "¿qué ciudadano no quiere tener un juez fuerte que haga valer sus derechos ante grandes empresas y ante la Administración cuando tiene razón? Si el juez es débil porque es descalificado, desligitimado y se ha ingerido desde poderes políticos y económicos esa independencia judicial, ese ciudadano está indefenso".

Independencia judicial.- Así, el portavoz recuerda que una de las formas en que se asegura que esa independencia judicial se fortalezca es que "mantengamos la pretensión de que el nombramiento de los doce vocales del CGPJ sean elegidos por los propios jueces, ya que es la versión más acorde con la Constitución, tal y como lo ha establecido su intérprete máximo de la misma, que es el Tribunal Constitucional (TC)". Actualmente existe un sistema para elegir a los 12 vocales del CGPJ que viene instaurado después de la reforma de 1985 y que, según algunos jueces, "todos los problemas vienen de ahí y deben ser los propios jueces quienes elijan a sus vocales". Lo único que a los jueces les pesa es no haberse manifestado antes y, según el juez decano, Juan Luis de Lorenzo Bragado, "lo que pedimos son cosas básicas para trabajar. La asamblea del 21 de enero ha sido histórica, ya que de las 92 jueces, 73 asistieron a la convocatoria. Soy el primero que se quedó asombrado del seguimiento masivo y es demostrativo del respaldo a las reivindicaciones de la CIP".

Dejar las cosas claras.- Por mayoría, la asamblea de la provincia de Santa Cruz de Tenerife aprobó asumir todas las reivindicaciones de la CIP (Comisión Interasociativa Permanente), que engloba a las cuatro asociaciones de jueces y magistrados de España -APM, AJFV, JpD y FJI- y que han llegado a un acuerdo común que se basa en que se implante de una vez la Oficina Judicial tan prometida.

La Oficina Judicial viene "prometiéndose" desde hace años, de hecho, se modificó en 2003 la Ley Orgánica del Poder Judicial con la finalidad de modernizar la planta y aprovechar los funcionarios y "no seguir con el funcionamiento del siglo XIX con el que trabajamos actualmente. No se ha hecho nada y hemos perdido cinco años valiosos y está el tema sin barrer".

La incorporación de sistemas informáticos y de nuevas tecnologías únicas. Para Jorge Riestra, "hay que procurar el sistema con el que se trabaje sea común para toda España, ya que cada comunidad autónoma contrata su propio sistema informático que no es compatible con los demás. Eso no le pasa a Hacienda. La Agencia Tributaria tiene un sistema único que permite el control y sólo pedimos lo mismo".

La informática y la formación.- Asimismo se pide implantar la firma digital, así como remitir y revisar escritos por vía informática. que tienen algunas empresas y no la Justicia. Por otra parte, entre las reivindicaciones, apuntan a que los funcionarios -tanto interinos como titulares- cuenten con una formación adecuada del personal. "A veces nos dedicamos los jueces y los secretarios a formar al funcionariado. De hecho, en el tiempo que tenemos para resolver estamos enseñando", dice. Carga de trabajo.- Una de las cuestiones que apuntaron a EL DÍA es que hay que tener una carga de trabajo razonable y que hacen falta más jueces. Sólo como referencia, el portavoz de la asamblea de jueces de la provincia tinerfeña comentó que en España hay 9,8 jueces por cada 100.000 habitantes y, en Alemania, hay 24, pero "si queremos ser Francia o Alemania tenemos que invertir como lo hacen ellos para conseguirlo. Hasta ahora, el Estado no ha destinado ni un uno por ciento al presupuesto de Justicia y eso que la Justicia es uno de los valores fundamentales que aparece en la Constitución y merecería un poco más de presupuesto. Por lo tanto, no podemos pretender estar al mismo nivel porque hemos estado trabajando con mucho voluntarismo. Hacen falta más jueces y magistrados, hasta el punto que se llegue a duplicar la planta judicial". Un ejemplo es que en los Juzgados de lo Social de Santa Cruz, "hemos terminado este año con 1.400 asuntos y no terminamos un año por debajo de los 1.200 cuando en el Libro Blanco de la Justicia que sacó el CGPJ estableció que no podíamos soportar más de 300 asuntos. Estamos acumulando retraso porque soportamos más de los que debemos, y es que trabajamos con gusto, pero nos sentimos impotentes al ver que trabajamos por encima de nuestras posibilidades y están haciendo que las cosas funcionen a base de voluntarismo y encima nos ponen a los pies de los caballos", dice Riestra.

Peculiaridades.- El Estado transfirió en 1997 las competencias en materia de Justicia a la Comunidad Autónoma, la cual, a través de su Consejería de Presidencia y Justicia, se debe hacer cargo de dotar de medios materiales y humanos. La mayoría de los jueces presentes en la asamblea estaban de acuerdo con pedir la creación de órganos como una plaza de magistrado para la Audiencia Provincial, la creación de una Sección Sexta de la Audiencia, un Primera Instancia número Diez, otro de Lo Contencioso número Cuatro y otro de Lo Social número Siete.