Canarias confía en que otras regiones acojan a unos 500 menores en breve

DORY MERINO, Tenerife

Los representantes de las diez comunidades autónomas que se reunieron ayer en Tenerife para conocer de primera mano la situación de los menores inmigrantes no acompañados que están acogidos en centros del Archipiélago han dado una respuesta positiva para que algunos sean trasladados a otras regiones, por lo que en poco tiempo viajarán hacia la Península unos 500, tal y como espera el Ejecutivo canario.

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, manifestó en rueda de prensa que el encuentro de ayer "marcará un antes y un después en la política de menores inmigrantes no acompañados".

A la citada jornada asistieron consejeras y directores generales de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla La Mancha, Murcia, País Vasco, Navarra y Valencia. Por su parte, Galicia y Madrid excusaron su asistencia y, La Rioja, Cantabria y Asturias no han respondido a la invitación.

Las primeras autonomías en contestar fueron Baleares y Valencia, para acoger a 45 y 42 niños, respectivamente.

Rojas firmó ayer con su homóloga de Baleares, Fina Santiago, el acuerdo para el traslado inmediato de 20 niños africanos hacia esa comunidad para vivir con familias senegalesas, en régimen de acogida, aunque estarán tutelados por el gobierno insular balear correspondiente, junto con otros 25 que vivirán con distintas ONG.

En el mismo encuentro, Andalucía ofreció asesoramiento al Gobierno canario en la gestión del flujo de los menores en pateras y cayucos, "al no poder colaborar en el acogimiento de los mismos por la saturación de los dispositivos en la región", según explicó la directora general de Infancia y Familias de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Carmen Belinchón. No obstante, dejo claro que su departamento compartirá con Canarias la experiencia que viene desarrollando con Marruecos a través de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional en políticas de prevención y atención a la infancia.

Precisó que la Junta de Andalucía trabaja con los 903 menores extranjeros acogidos en los centros de protección, y también atiende a los 1.500 que ya han cumplido la mayoría de edad.

En este sentido, Inés Rojas reclamó que el Estado regule esta situación, para que lleve a cabo la misma actuación en todas las comunidades.

"Nos preocupa el futuro de los que cumplen la mayoría de edad, porque el Gobierno los tutela durante años, pero, ¿qué pasa después?", se preguntó la consejera.

Respecto a la reagrupación familiar de los menores, Carmen Belinchón hizo hincapié en que sigue pendiente la ratificación por parte del Parlamento de Marruecos del acuerdo firmado en marzo de 2007 entre el país vecino y España, para agilizar la repatriación de los menores acogidos en España.

Belinchón recordó que la reagrupación familiar es una fórmula que se contempla en la ley, "por lo que si existen garantías para llevarla a cabo, es natural que se haga". Lamentó que se "desconfíe" de la administración cuando propone la reagrupación familiar de menores que "están en condiciones de ser repatriados", como ha sucedido en algunos casos.

"Si ponemos sus expedientes sobre la mesa, es porque se cumplen todos los requisitos legales y entendemos que existen las suficientes garantías para que vuelvan con sus familias de origen", dijo.

Ley de Extranjería

Según indicó Inés Rojas, "la prioridad es que en la modificación de la Ley de Extranjería se establezca cómo gestionar la situación para evitar que los menores salgan de sus países".

Señaló que todas las comunidades coincidieron en la misma preocupación y decidieron que se debe luchar al unísono "para evitar que los niños tengan que salir de su país natal".

Todos los asistentes al encuentro expresaron la necesidad de trabajar en los países de origen para evitar que los niños tengan que salir, y mostraron su preocupación por lo que pasará cuando los que llegan a España cumplan 18 años, indicó Inés Rojas.

La consejera canaria precisó que en la reunión de ayer ha quedado claro que lo que se relacione con los menores extranjeros "debe ser una cuestión de Estado", aspecto que Canarias lleva reclamando desde hace meses. En su opinión, el encuentro ha significado un paso cualitativo en esta materia, teniendo en cuenta que el Gobierno central ha planteado una modificación de la Ley de Extranjería.

La comitiva se desplazó hasta el centro de emergencia de Tegueste para conocer la vida de los niños africanos que viven allí y dialogar con ellos. Por razones de espacio, sólo los medios gráficos estaban autorizados a asistir a esta visita, según explicó la consejería.

Inés Rojas explicó que el año 2008 acabó con 1.425 menores inmigrantes bajo la tutela del Gobierno. De ellos, 910 se encuentran acogidos en dispositivos de emergencia, 156 en Agüimes, 24 en Arucas, 143 en Tegueste, 410 en La Esperanza, 23 en Las Mercedes, 20 en Salto del Negro y 40 en Valle Jiménez. También hay alojados 94 en Icod.

La consejera declaró que el acuerdo de que todas las comunidades acojan a menores procedentes de los centros de Canarias no es la solución, pero destacó la solidaridad mostrada para ayudar a "parchear la situación de emergencia de este momento".

Manifestó que también preocupa qué pasa para que los menores lleguen cada vez con menos edad y que con la crisis económica aumente el número de niños que llegan a las costas españolas.

La delegada del Gobierno de España en Canarias, Carolina Darias, se sumó al reconocimiento a las comunidades autónomas por su solidaridad y comentó que la situación del Archipiélago canario "es singular y dramática".

La directora general de las Familias y la Infancia, Amparo Marza, recordó que Canarias percibirá una ayuda extraordinaria de 15 millones de euros destinada a la atención a los niños extranjeros, según el convenio firmado recientemente, en Madrid, por los ministerios de Trabajo e Inmigración y Educación, Política Social y Deporte con el Gobierno canario.

paulino rivero

"Aumentará la llegada de niños"

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, se mostró ayer convencido de que los que trafican con la inmigración aumentarán el número de menores no acompañados en las barcazas. Rivero pronunció estas palabras al recibir a las comunidades autónomas en la sede de Presidencia del Gobierno, en Tenerife. Rivero indicó que la llegada de inmigrantes a las costas españolas es un fenómeno de hace muchos años, mientras que la llegada de menores no acompañados va en aumento desde hace cinco o seis años. Reclamó que en la Ley de Extranjería se recoja la atención a los menores inmigrantes no acompañados y que "todos", en función de la capacidad y las posibilidades, asuman la cuota que les corresponda, y que no dependa sólo de la generosidad. Rivero elogió el cambio que se ha producido sobre este asunto en la administración central e insistió en que los centros de acogida de las Islas están "desbordados". El presidente canario aseguró que no se trata de un problema económico, sino de dar un trato adecuado a los chicos, que, en general, afirmó, son auténticas maravillas, respetuosos y educados.