EFE, Granada
La llamada "operación Genil", que investiga en Granada una estafa a la Seguridad Social en la que están implicadas más de un millar de personas, también destapó una posible trama de obtención ilícita de permisos de residencia por parte de un número "importante" de extranjeros.
Así lo explicó ayer en una rueda de prensa el subdelegado del Gobierno, Antonio Cruz, quien indicó que los extranjeros supuestamente implicados en la estafa se aprovechaban de su afiliación ficticia a la Seguridad Social y al Instituto Nacional de Empleo para obtener el permiso de residencia en España.
Cruz apuntó que habrá que esperar al resultado de la investigación para poder precisar el número exacto de extranjeros que podrían formar parte de esta trama, así como de los trabajadores y empresarios implicados en total, que son más de un millar.
También es pronto para cuantificar el dinero defraudado a la Seguridad Social, estimado por ahora en cerca de siete millones de euros, si bien de momento sólo se han investigado cinco de las doce empresas presuntamente participantes en la estafa, por lo que esta cantidad podría aumentar, apostilló Cruz.
Al dinero que se ha defraudado a la Tesorería de la Seguridad Social se sumaría el de las prestaciones indebidas que al parecer algunos de los trabajadores implicados han percibido del Inem.
En diciembre pasado, el titular del Juzgado de Instrucción 9 de Granada, José Luis Ruiz Martínez, decretó prisión provisional para uno de los dos empresarios supuestamente responsables del fraude y acordó libertad bajo fianza de 6.000 euros para el otro.
Estos dos empresarios, responsables de Otipac Obras y Reformas y Arnusa Obras y Reformas, están acusados de fraude y falsificación en documento público en el marco de la operación policial.
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