EFE, Madrid
Los magistrados y jueces, reunidos ayer en juntas, revelaron su división en vísperas de la reunión que el lunes el Ministerio de Justicia mantendrá con las asociaciones judiciales, que no convencieron a todos los magistrados, sobre todo a los de las grandes ciudades, de aplazar las protestas hasta junio.
Buena muestra de esa división es lo sucedido en Madrid, la ciudad con más jueces de toda España: los de la plaza de Castilla, donde trabajan 286 magistrados, han acordado por amplia mayoría hacer huelga el 18 de febrero, mientras que sus compañeros de la Audiencia Provincial, alrededor de 120, respaldaron la postura de las asociaciones. En los órganos centrales con sede en Madrid -el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional- ni siquiera se celebraron juntas de jueces.
En Barcelona, otra ciudad con un gran número de jueces, se repitió la misma situación: los magistrados de la Audiencia Provincial resolvieron aplazar a junio el posible paro, pero los demás, aunque por un estrecho margen, acordaron ir a la huelga el 18 de febrero.
En todo caso, todos los ojos están puestos en los resultados de la reunión del lunes, y el decano de los jueces de la capital, José Luis González Armengol, admitió que la decisión adoptada en la plaza de Castilla podría ser reconsiderada dependiendo de los mismos.
También los jueces de Murcia, que fueron los primeros en poner fecha al paro y que ayer resolvieron mantener su convocatoria, condicionaron su celebración a lo que pueda salir de ese encuentro, mientras que en otros lugares, como Valencia, directamente pospusieron su decisión a la espera de lo que suceda ese día.
Decisión histórica
Así las cosas, el 18 de febrero puede tener lugar la primera huelga de jueces de la historia de España en algunos juzgados de Madrid, Barcelona, Extremadura, Murcia, Málaga, Zamora, Ibiza, Castellón, Girona, Cuenca y Ciudad Real, entre otros lugares.
Los magistrados del País Vasco, Aragón, Asturias, Cantabria, La Rioja, Segovia, Palencia, Salamanca, Ávila, Guadalajara, Albacete, Alicante, Lleida, Mallorca, Menorca y de las Audiencias de Barcelona, Madrid y Sevilla, sin embargo, optaron por seguir la recomendación de las asociaciones y llevar a cabo protestas simbólicas el 18-F, pero aplazando hasta el 26 de junio la huelga.
Para tres de las cuatro asociaciones de jueces, la convocatoria de una huelga el próximo mes cuestiona su representatividad y distorsiona las negociaciones con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.
Sólo la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, discrepa de esta lectura "pesimista" que han hecho las otras tres asociaciones, Jueces para la Democracia (JpD), Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI).
El portavoz de la APM, Antonio García, mostró su rechazo a esa interpretación, que calificó de "pesimista", porque, según explicó, el apoyo a la convocatoria de huelga en febrero ha sido minoritario y porque "no es una decisión firme", ya que ha sido supeditada a lo que suceda en la reunión con Justicia.
Por contra, el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Miguel Ángel Gimeno, reconoció que la convocatoria de esta huelga "distorsiona las posibilidades de llevar a cabo las negociaciones con el Gobierno en cauces unitarios y con racionalidad", y pidió a sus compa-ñeros que reconsideren su decisión.
La reunión del lunes
También el portavoz de la AJFV, Lorenzo del Río, dijo que, aunque respeta la decisión adoptada por las juntas de jueces, espera que no afecte a la reunión del lunes, a la que deberían haber acudido con "unidad de acción".
Por último, el portavoz del Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo, señaló que lo ocurrido ayer afectará a la reunión con el ministerio "porque la posición de las asociaciones queda debilitada", ya que "nosotros no podemos hacernos responsables de una huelga que no hemos convocado".
Mientras tanto, Justicia aseguró ayer, tras la celebración de juntas de jueces, que mantiene abiertos "todos los cauces de diálogo" con los magistrados a través de las asociaciones judiciales que los representan.
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