Jueces de Santa Cruz de Tenerife irán a la huelga en febrero por reiterados incumplimientos del Gobierno canario

Santa Cruz de Tenerife, Europa Press

Los jueces y magistrados de Santa Cruz de Tenerife irán a la huelga el próximo 18 de febrero en reivindicación de las demandas de la Comisión Interasociativa Permanente (CIP) y por los "reiterados incumplimientos" de la Comunidad Autónoma de Canarias. Así lo han decidido hoy por mayoría los jueces de la provincia occidental reunidos en una asamblea celebrada en la capital tinerfeña.

Los representantes del poder judicial en la provincia han decidido secundar esta medida de presión para que el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acepten sus reivindicaciones, que pasan por un incremento retributivo, la adecuación del ratio de jueces al de la media europea y no perder la agenda de los señalamientos.

El portavoz de la asamblea de jueces de Santa Cruz de Tenerife, Jorge Riestra, destacó que los jueces de Santa Cruz de Tenerife aprobaron por mayoría la convocatoria de huelga, así como la adhesión a las demandas de la Comisión Interasociativa Permanente (CIP). Integran la CIP la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente.

Los magistrados de la provincia occidental condenan además los "reiterados incumplimientos" del Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Justicia, que según Riestra, se ha puesto de manifiesto en el retraso en la puesta en funcionamiento de los nuevos juzgados que deberían haberse creado en la Audiencia Provincial en diciembre de 2008, circunstancia que no se dará hasta mayo del presente año.

Además, el portavoz de la asamblea de jueces denunció que "se ha renunciado" por parte de la Comunidad Autónoma a crear cuatro de ocho unidades judiciales --tanto juzgados como secciones de audiencia-- ofertadas por el Ministerio de Justicia en 2009. Riestra también reprochó al Ejecutivo autónomo la dilación en la construcción de los nuevos palacios de justicia de Santa Cruz y La Laguna y el mal estado de otras dependencias judiciales.

SERVICIOS MÍNIMOS PARA LO "IMPRESCINDIBLE"

El juez Jorge Riestra --que compareció después de la asamblea flanqueado por los otros cuatro representantes de la misma, Antonio Bujalance, Esmeralda Casado, Victoria Rubio y Antonio Jesús Rodríguez-- destacó que, como "en todo lo que tenga que ver con los derechos fundamentales", en el paro de los jueces habrá servicios mínimos que "asegurarán que el ciudadano esté atendido en aquello que es imprescindible".

Unos 60 jueces --de los 92 que trabajan en la provincia-- asistieron a la asamblea celebrada hoy. Según Riestra, la "mayoría" asistió y algunos de los que faltaron delegaron en algún compañero. El portavoz de la asamblea matizó que la tesitura actual no deja una "foto fija", de manera que la reunión de la CIP con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, podría "alterar" las medidas adoptadas por los jueces de Santa Cruz de Tenerife. Si las negociaciones resultan infructuosas, la huelga del 18-F constituirá una jornada histórica para la Justicia española. Será la primera vez que los jueces secunden una huelga.

DIGNIFICAR LA FUNCIÓN JUDICIAL

Las asociaciones integradas en la CIP se han marcado el objetivo común de dignificar la función judicial y prestar un mejor servicio a los ciudadanos para lo cual exigen el respeto al principio de división de poderes y a la independencia del Poder Judicial, como fundamento del Estado Democrático de Derecho.

En esta línea, reivindicaron en un comunicado difundido inicialmente el 12 de enero, y al que se han adherido hoy los jueces de Santa Cruz de Tenerife, la efectiva y urgente instauración de la nueva oficina judicial, con delimitación precisa de las funciones y las responsabilidades dentro del ámbito de la Administración de Justicia. Consideraban que en ningún caso la organización de la oficina judicial debe restringir la real y efectiva independencia judicial, conservando los jueces la facultad de señalar los juicios y vistas.

Además, los jueces piden la plena incorporación a los Juzgados de las nuevas tecnologías y la formación adecuada de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia. También quieren que se asegure la inmediata cobertura de vacantes mediante personal titular y exigen una formación esencial básica para todos aquellos que pretendan acceder a funciones relacionadas con la Administración de Justicia de carácter interino.

CARGA DE TRABAJO "RAZONABLE"

En el comunicado de las mencionadas asociaciones, solicitaban que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) establezca la carga máxima de trabajo razonable que puede asumir cada órgano judicial, lo que "en ningún caso debe ir unido al establecimiento de sistemas productivistas para la retribución de la actividad judicial".

Los jueces consideran oportuna también la revisión en profundidad de la actual planta judicial para acomodarla a la carga real de trabajo de cada partido en función de la entrada de asuntos. Las mencionadas asociaciones judiciales estiman que el éxito de todo esto se complementaría con la radical reforma de la oficina judicial, que no supone necesariamente incrementar el número de órganos judiciales, sino tan solo el número de jueces en cada demarcación, con el mismo número de funcionarios, a través de una organización correcta, buenos servicios comunes y medios informáticos adecuados.

Los magistrados se preocupan por las sustituciones, para las cuales debe arbitrarse un sistema adecuado y eficaz de sustituciones judiciales mediante jueces titulares y solicitan la puesta en marcha de las medidas necesarias para asegurar una efectiva conciliación entre la vida laboral y familiar.

Por último, abogan por que, en cumplimiento de las previsiones de la Ley de Retribuciones de la carrera judicial y fiscal, se proceda a su adecuación quinquenal; especialmente, en lo referente al pago de los servicios de guardia.