Doble presenta una denuncia porque no le permiten acceder a un expediente

EL COMPLEJO Gigansol del Mar ocupa dos parcelas en Los Gigantes./ j.m.

MEDINA, Santiago del Teide

"No es de recibo que un concejal de la oposición tenga, una vez más, que reclamar sus derechos a través de los juzgados presentando un contencioso-administrativo para que se le ponga a disposición un expediente para su examen, simplemente", manifestó el edil Inocencio Doble ante el caso omiso que hace el gobierno municipal de Santiago del Teide a la petición que realizó formalmente el 16 de diciembre pasado de que le permitieran acceder al expediente relativo a la construcción del complejo Gigansol del Mar.

Doble indicó que el gobierno municipal y los funcionarios "tienen la obligación de facilitar el acceso a los expedientes porque, en caso contrario, se vulnera un derecho fundamental del concejal", recordando que el alcalde "mintió cuando manifestó públicamente que a la oposición no se le niega nada" en el momento en que se vio obligado a actuar de la misma manera con otro asunto.

"Está claro que cuando se obstaculiza el ejercicio de este derecho por parte del gobierno local se puede pensar que algo ocultan", añadió el único representante socialista en la Corporación santiaguera.

En el caso de Gigansol del Mar, explicó que se trata de una construcción cuya altura y volumetría "no concuerdan con la tipología de las construcciones del entorno", por lo que reclamó al ayuntamiento "que sea transparente sobre la situación de esa licencia" toda vez que la actitud de las autoridades locales "nos hace pensar mal".

Ya en el año 2003 los socialistas pidieron a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural la paralización de la construcción de este complejo situado en dos parcelas de la calle Petunia, a la salida de la urbanización Los Gigantes, y que consta de 188 viviendas, garajes y cinco locales comerciales.

El Ayuntamiento de Santiago del Teide concedió la licencia de obra en mayo de 1989 para acometer un proyecto de seis plantas con una altura máxima de 20 metros y en sólo una parcela. En octubre de 2000, la administración y la empresa suscribieron un convenio que eximía a la sociedad la sustitución de la depuradora, recibiendo el consistorio 90.000 euros. Ya entonces, los socialistas consideraron que tal licencia contravino la normativa urbanística vigente en aquel momento.

Las indagaciones que hizo el alcalde en dicho instante le hicieron afirmar que la obra se ajustaba a la legalidad.