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Bienestar Social tarda más de un año en conceder las pensiones de 336 euros

Una persona que haya solicitado una pensión no contributiva debe esperar un mínimo de 12 meses para que el Gobierno canario resuelva su concesión y cobrarla. Desde Bienestar Social atribuyen esta demora a la complejidad del expediente, pero los propios trabajadores señalan como causa la escasez de medios humanos.
18/ene/09 07:26
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G. MAESTRE, S/C de Tenerife

Aquellas personas que hayan cumplido 65 años o padezcan alguna minusvalía grave y tengan derecho a cobrar una pensión no contributiva, se encontrarán con que no podrán percibir los 336 euros que les corresponden mensualmente hasta un año después de haber presentado la solicitud. Esta circunstancia se da, según la Consejería de Bienestar Social, por la complejidad de los expedientes, aunque los trabajadores de este departamento aseguran que es debido a la falta de personal.

"En las de jubilación no hay tanto problema y aproximadamente tardamos tres meses en resolver, es decir, estamos dentro del plazo que marca la ley; sin embargo, con las de invalidez es más complicado porque se hacen necesarios muchos documentos y pasar un reconocimiento médico", aseguran fuentes de la consejería.

Sin embargo, desde los ayuntamiento se informa de que las pensiones de jubilación y de invalidez tienen prácticamente el mismo retraso, que en ningún caso es inferior a los 10 meses.

Por su parte, los trabajadores de Bienestar Social reconocen que actualmente están revisando los expedientes de finales de marzo y comienzos de abril de 2008.

Según la consejería, otro aspecto que estaría retrasando considerablemente todo el proceso es la sobrecarga de trabajo que tienen los equipos de valoración destinados a los reconocimientos de minusvalía, "ya que está acudiendo mucha gente para luego poder solicitar los bonos de guaguas gratis, abonos para la piscina municipal, plazas de aparcamiento, o viviendas, además de aquellas personas que quieren que se les revise el grado de minusvalía".

Se da la circunstancia de que este servicio de valoración depende de la consejería y, por lo tanto, también la ampliación de su personal laboral.

Al respecto, la consejería asegura que "se podían hacer dos cosas, contratar más y seguir prácticamente igual u organizar mejor el trabajo. De momento, se ha decidido incluir la tramitación de las PNC en el proceso de modernización tecnológica en coordinación con los ayuntamientos para poder realizar las solicitudes de forma telemática. Y se ha llevado a cabo la primera oleada". Algo que, sin embargo, los ayuntamientos consultados afirman desconocer.

La última circunstancia que vendría a agrandar este problema es que, según Bienestar Social, "los ayuntamientos remiten gran parte de los expedientes incompletos o con errores".

Ayuntamientos a tope

La consecuencia principal del retraso en la concesión de las pensiones no contributivas es que los solicitantes, ante la falta de ingresos económicos, se dirigen a los servicios sociales municipales para pedir ayudas básicas y así aguantar hasta que les llegue la pensión.

Cabe recordar que la cuantía de la pensión comienza a tener efecto desde la fecha del registro de entrada en la Consejería de Bienestar Social, por lo que luego se pagan todos esos meses de forma conjunta en concepto de atrasos. No obstante, durante ese tiempo es corriente que los solicitantes acudan a solicitar ayudas económicas e incluso alimentos ante falta de medios propios para subsistir.

Hay que tener en cuenta que los beneficiarios de las pensiones no contributivas son aquellas personas que no han cotizado el periodo mínimo que establece la ley para poder cobrar una pensión contributiva y que, además, carecen de ingresos económicos suficientes para subsistir, por lo que, durante el tiempo de espera, en la mayor parte de los casos se ven obligados a recurrir a la ayuda de sus familiares, las ayudas públicas existentes e, incluso, a Cáritas.

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