Examen a las políticas públicas

NAIMA PÉREZ, Tenerife

¿De qué sirve consignar en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, por ejemplo, una partida de un millón de euros para carreteras si en los objetivos específicos que cada año se marca el Gobierno regional no se establece cuántos kilómetros de vías se quieren hacer con ese dinero ni se evalúa al final del ejercicio cuántos se han hecho? Aunque con términos más técnicos, esta pregunta podría haber sido perfectamente lo que ha impulsado a la Audiencia de Cuenta de Canarias -institución creada por la Ley 4/1989- a poner en marcha una metodología que le permita añadir una nueva función a su labor de fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable del sector público canario: la evaluación de la calidad de las políticas públicas canarias.

Enmarcado en el denominado "Proyecto Avance", este órgano fiscalizador dependiente del Parlamento regional lleva algún tiempo ocupado en confeccionar una metodología de trabajo, primero, y en elaborar, después, informes que le permitan cuantificar el grado de cumplimiento de los objetivos que cada área de la Administración se impone en su ejercicio anual presupuestario.

Para esa metodología se ha contado con un grupo de expertos formado por representantes de la Intervención General de la Comunidad Autónoma, de las universidades canarias, técnicos de la propia Audiencia y técnicos específicos del área pública que se va a analizar. De esta forma, el resultado final del trabajo será "más difícilmente atacable" por parte de la Administración, con la que la simple solicitud e intercambio de información ha generado ya las primeras fricciones entre la Audiencia y el Gobierno, cuenta una fuente técnica de este órgano fiscalizador.

Tras una primera experiencia con el informe sobre la gestión del suelo en los municipios canarios, publicado en septiembre del año pasado, la Audiencia se ha sumergido en dos áreas concretas muy importantes para el Archipiélago: el turismo y la sanidad. El primero de los trabajos es el que está más avanzado y se espera su presentación pública antes de los próximos dos meses.

Ausencia de indicadores

Esta herramienta de evaluación "permitirá al ciudadano hablar el mismo lenguaje que el político, porque entenderá qué se ha hecho con su dinero y no se perderá en todo ese entramado de modificaciones de crédito", afirma uno de los responsables técnicos de la Audiencia. Desde esta institución, que tiene su sede en la capital tinerfeña, se viene recomendando hace varios años al Gobierno que lleve a cabo esta labor de evaluación de sus políticas públicas, pero hasta la fecha ha hecho caso omiso, según explican estas fuentes.

Por eso, la Audiencia decidió ponerse manos a la obra y avanzar hacia un modelo de valoración de la gestión pública en el que Gran Bretaña y Estados Unidos llevan la delantera en el ámbito internacional.

El primer obstáculo con que se han tropezado los técnicos encargados de este trabajo es la ausencia casi total de indicadores que permitan llevar a cabo esa evaluación. "Los objetivos que se establecen cada año en cada uno de los programas en los que el Gobierno divide su acción deben ser medibles", una realidad que no se cumple casi nunca, explican desde la Audiencia. Una vez conseguidos esos indicadores se podrán comparar los objetivos conseguidos con los anteriormente programados por el Gobierno, así como comprobar el grado de cumplimiento de éstos.

En el caso del informe de Turismo que se culmina en este mes, las fuentes técnicas consultadas explican que han tenido que procurarse ellos mismos los indicadores para su posterior evaluación, buscando en los planes estratégicos de la Consejería pertinente, buceando en los presupuestos anuales del área en cuestión e, incluso, examinando la propia normativa jurídica.

Sobre esta última fórmula, explican, son dos las leyes básicas que regulan la actividad turística en Canarias: la 7/95 de Ordenación del Turismo en Canarias y la 19/2003 de Directrices de Ordenación General y del Turismo. Como ejemplos, los técnicos de la Audiencia tendrán en cuenta que la Ley de Directrices establece limitar la creación de plazas alojativas a aquellas aprobadas por el Parlamento. De esta forma, "un indicador sería ese número de camas aprobadas en la Cámara y otro indicador, las plazas creadas realmente; la comparación entre ambas cifras nos llevaría a una conclusión, de forma que si se han creado más se estaría cometiendo una ilegalidad, aunque no es ése el objetivo de nuestro trabajo", explican las mismas fuentes.