EL GOBIERNO, en el Consejo de Ministros del viernes, ha aprobado la revisión de las previsiones macroeconómicas para el año que acaba de empezar: disminución del PIB del 1,6%; descenso del consumo privado del 1,5%; destrucción de empleo del 3,6%; tasa de paro, 15,9%; aumento del déficit público hasta el 5,8%. Cualquier parecido de estas previsiones con las que sirvieron para los Presupuestos de este año es imaginario: los Presupuestos, en consecuencia, son puro papel mojado. El Gobierno, de esta manera, va a poder hacer literalmente lo que le dé la gana. No es que no lo viniera haciendo, pero ahora ni siquiera se podrá establecer comparación entre sus disposiciones de dinero y lo previsto en los Presupuestos. Con estas nuevas previsiones, José Luis Rodríguez Zapatero acaba de establecer una situación de poder económico absoluto, es decir, no sometido a control alguno.
Síntomas
Damos así un nuevo paso hacia la "bananización" de nuestro sistema político. ¿En qué consiste eso? En una situación que se identifica por estos síntomas: 1.- en economía, nadie sabe a qué atenerse, se desconocen las reglas, que el Gobierno define cada día y aplica a su conveniencia sin control posible; hoy las reglas son un eslogan propagandístico que se llama "plan E", que puede ser sustituido en cualquier momento y que tampoco está definido más que en unos objetivos imaginarios. 2.- En seguridad jurídica, la independencia del Poder Judicial es puesta en entredicho (ese CGPJ con cuotas partidistas), las sentencias incómodas son objeto de descalificación en los medios y en las declaraciones del poder político (caso del juez Tirado), y los jueces que no se ajustan a los designios ideológicos del poder son sistemáticamente crucificados en los medios y, a veces, objeto de persecución institucional (como acaba de suceder con Ferrín Calamita, que cometió el pecado de pedir informes técnicos sobre el interés protegible de una menor en un caso de adopción por dos mujeres lesbianas). 3.- en libertades públicas, especialmente la de expresión, los lobbies mandan sobre el Gobierno, hasta el punto de hacerle establecer disposiciones de control de las opiniones, sea mediante leyes de censura (aún no hemos llegado a eso, o sea, las cosas todavía pueden empeorar), sea con la creación de organismos que le hagan el trabajo sucio al poder (en Cataluña está el tristemente célebre CAC, y el Gobierno está en la operación de crear un CAC de ámbito nacional).
En una palabra, la "bananización" se resume en la inseguridad de los gobernados frente a un poder incontrolado de los gobernantes.
Todo esto tiene mucho que ver con la crisis económica, porque la única forma de salir de ella es lograr la recuperación de la confianza de los agentes económicos, tanto nacionales como internacionales. La secuencia sería ésta: de la crisis económica únicamente se sale revitalizando la actividad productiva. Para que eso ocurra, los inversores y empresarios han de decidirse a arriesgar su capital en espera de los correspondientes beneficios. Para que eso ocurra, han de tener la confianza indispensable en las reglas del juego, de modo que sean claras, iguales para todos, y sin perspectivas de que sus iniciativas no se vean truncadas inesperadamente por cambios en las reglas súbitos o caprichosos. Para que eso ocurra, los gobernantes deben ser creídos por los gobernados, dar ejemplo de su propio sometimiento a esas reglas, y no intervenir en la vida económica como competidores de ventaja desde el poder, sino que han de mantenerse al margen del protagonismo y ceñirse a su papel regulador.
¿Existe alguna remota esperanza de que suceda todo esto con un Gobierno presidido por un mentiroso confeso, que negó la evidencia hasta que no tuvo más remedio que aceptarla, y de cuya incompetencia se pueblan cada día las portadas de los periódicos? Lamentablemente, sólo hay una respuesta: no.
Resolución
Esta semana, además, ha ocurrido otra cosa digna de mención, por las consecuencias que puede acarrear en nuestra vida colectiva: el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución por la que se insta a los Estados miembros a incorporar en sus ordenamientos jurídicos el "derecho al aborto", es decir, que el aborto provocado pase de ser un delito a ser un derecho.
Loslobbies que patrocinan la cultura de la muerte son muy activos y están bien instalados en el Parlamento Europeo: el aborto, la eutanasia, el sacrificio de embriones humanos para investigar con sus células, sólo pueden prosperar si la conciencia de la dignidad inalienable de todo ser humano se degrada hasta desaparecer en la práctica. Por eso no tiene nada de extraño que coincidan tan milimétricamente los partidarios de estas prácticas con los de eso que se llama la ideología de género, que confunde deliberadamente a las personas con sus comportamientos; y así, al hacerse imposible distinguir entre el respeto que toda persona merece, pero que no tienen por qué merecer todos sus comportamientos, ocurre que, por poner un ejemplo diario, los que consideran que la homosexualidad va contra la naturaleza de las cosas son calificados de homófobos, es decir, de gentes que odian a las personas de conducta homosexual. Esta mentalidad degrada el valor de la persona, pues lo hace depender de su conducta y elimina todo resquicio a la vigencia de la clásica sentencia de Concepción Arenal: odia el delito y compadece al delincuente. El perdón queda abolido, y el que tiene el poder de decidir sobre las conductas lo tiene también sobre las personas. Eso, y no otra cosa, es el totalitarismo.
¿Cómo votaron los europarlamentarios españoles? Todos, excepto, siete, votaron a favor de la resolución. ¿Presión ambiental? ¿Instrucciones de los partidos? ¿Ignorancia sumada a una absoluta falta de criterio? ¿Degradación de la conciencia en materia de derechos y libertades fundamentales? Acaso un poco de todo. No hubo modo de distinguir a socialistas de populares, a ecologistas de regionalistas, a izquierdas y derechas. ¿Cómo buscarán el voto en las elecciones de junio?
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