Los objetores a Educación para la Ciudadanía llegarán al Constitucional

ORGANIZACIONES SOCIALES CONTRARIAS a Educación para la Ciudadanía, ayer en Madrid./ efe

EFE, Madrid

Los objetores de conciencia contra Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC) presentarán recurso de amparo en el Tribunal Constitucional, al que pedirían la suspensión cautelar de la obligatoriedad de cursar la asignatura, si el Supremo no les da la razón.

Así lo anunciaron ayer varias organizaciones promotoras de la objeción de conciencia a propósito de la decisión que el Tribunal Supremo (TS) tome el 26 de enero próximo sobre esta cuestión.

El TS fallará sobre los recursos de casación presentados, respectivamente, a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que reconoció el derecho de objeción de unos padres para que su hijo quedase exento de cursar la materia y tres del de Asturias que lo desestimaron.

"Tenemos una absoluta confianza en lo que pueda dictar el Tribunal Supremo y esperamos con ansia ese pronunciamiento, que estamos seguros de que va a ser comprometido con la libertad y los derechos constitucionales como los que nosotros defendemos", afirmó el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco.

Si la sentencia no fuera satisfactoria, advirtió Blanco, los objetores presentarían "incidente de nulidad" ante el propio Supremo, y posteriormente recurrirían al Constitucional e incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si no se les diese la razón.

Blanco aseguró que será la primera vez que el TS va a "unificar y establecer doctrina" jurídica sobre si existe o no un derecho de los padres a ejercer la objeción de conciencia para defender su derecho constitucional a la libertad ideológica y religiosa y a educar a los hijos conforme a sus convicciones. Asimismo, insistió en que los padres objetores y las asociaciones que los defienden no son rebeldes ni insumisos, sino ciudadanos conscientes de que pueden ir a los tribunales si ven "pisoteados sus derechos por la Administración".

El reconocimiento por los tribunales de los derechos constitucionales de los ciudadanos no socava el Estado de Derecho, sino que lo refuerza y "quien tiene miedo a que los ciudadanos ejerzan sus derechos tiene miedo a la libertad", apostilló.

Más allá de lo que decida el Supremo, Blanco cree que sería bueno que el Gobierno manifieste "un poco de sensatez" y "rectifique" para suprimir la asignatura o rediseñarla "de acuerdo con los padres de familia".

El presidente de la Fundación educativa San Pablo-CEU, Alfredo Dagnino, explicó que la objeción de conciencia es de "aplicación directa" según está recogida en la Constitución. La asignatura supone, a su juicio, una "intromisión ilegítima del Estado" en la educación y formación moral de los hijos y la batalla contra ella es también de tipo "cultural" por "la libertad, la dignidad del hombre, el bien común" y contra "los excesos, cada vez más frecuentes, del Estado", dijo Dagnino.

En nombre de Profesionales por la Ética, Fabián Fernández aseguró que entre 8.000 y 10.000 alumnos de Secundaria que deberían cursar la asignatura no están entrando a clase.