Las asociaciones de jueces esperan que su comparecencia no sea un examen

COLPISA, Madrid

Las cuatro grandes asociaciones de jueces, que el lunes dieron al Gobierno un ultimátum de seis meses para resolver el colapso de la administración de Justicia antes de declarar una huelga, confían en que si el Congreso les pide que acudan a la cámara, como ya han solicitado los socialistas, su comparecencia no se transforme en una encerrona propicia, el reproche o la descalificación ni en un examen a la carrera judicial.

Los portavoces de estas organizaciones, que aglutinan a la mitad de los miembros de la magistratura, se mostraron "encantados" de poder informar de sus reivindicaciones al Congreso si es una oportunidad para establecer "un diálogo útil y constructivo" y para exponer de primera mano a los diputados, "sin intermediarios y sin que nadie la distorsione", su visión sobre las necesidades de mejora y reforma urgente del funcionamiento de los juzgados y tribunales españoles.

Todos coincidieron en que muchas de sus reclamaciones, como la implantación de la nueva oficina judicial o la reestructuración y actualización de la organización territorial de los juzgados, requieren de reformas legislativas o de dotaciones presupuestarias adicionales, por lo que "nada mejor" que exponer su visión del problema y las posibles soluciones a quienes son los encargados de realizarlas.

La desconfianza de fondo, general en las cuatro asociaciones, se deriva del tono con el que el PSOE planteó el miércoles la reclamación de las comparecencias, que se resume en una frase pronunciada por Ramón Jáuregui. El dirigente socialista, tras criticar la amenaza de huelga y poner en duda las motivaciones últimas de los promotores de la movilización, concluyó que "queremos escucharles, pero también que nos escuchen". Muchos jueces temen que los socialistas, que perciben el movimiento judicial como un pulso al Ejecutivo, aprovechen las comparecencias para "tratar de desactivar la huelga o desacreditar al colectivo".

En cualquier caso, los portavoces de Jueces para la Democracia (JpD), de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y del Foro Judicial Independiente (FJI) adelantaron que irán el Congreso si son citados y no pondrán pega alguna para acudir y exponer sus reivindicaciones ante los miembros de la Comisión de Justicia.

Miguel Ángel Gimeno, de JpD, dijo que "nos parece muy bien" que el Congreso quiera escuchar de primera mano nuestras reivindicaciones y, como Lorenzo del Río (AJFV), cree que todos, jueces y políticos, "deberíamos estar en el mismo barco para mejorar los tribunales y remar en la misma dirección". Conrado Gallardo, de FJI, consideró que es "un privilegio" comparecer en el Congreso porque es "positivo" transmitir sus peticiones de forma directa.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en la carrera, no se opone de antemano a acudir al Congreso, pero no decidirá si lo hace o no hasta que analice "de forma serena y reflexiva" el documento oficial que le remita el Parlamento, y compruebe con qué "sentido" le citan y "con qué alcance y en qué términos lo hacen".

Antonio García, portavoz de la APM, desde el convencimiento de que no tiene obligación legal de comparecer en el Congreso, señaló que para un juez no sería lo mismo "una invitación" que "una citación" o que el documento les deje claro que es un acto "útil" para explicar sus propuestas y que no existen "instrumentalizaciones" ocultas. Admitió que algunas cosas que han trascendido sobre la iniciativa del PSOE les han "inquietado" y les hacen "ser suspicaces" ante la posibilidad de que la comparecencia acabe en "un examen con tintes recriminatorios".

La iniciativa del PSOE de llamar a estas asociaciones cuenta ya con el respaldo oficioso de todos los grupos de la cámara. Sin necesidad de que los socialistas pidieran su apoyo, la mayoría de las formaciones decidieron ayer que, al menos, no se opondrán a que los jueces se sienten frente a la Comisión de Justicia para confrontar posiciones.